La batalla estalló ayer y todo apunta a que va a dar de qué hablar. El campo de combate es la calle Porvenir, donde la residencia de ancianos de San Vicente de Paúl se mantiene a duras penas en pie. El azulejo del fundador de la orden que se erige sobre la puerta de entrada es lo único intacto. Lo demás ha sido víctima del saqueo: no hay rejas en las ventanas, parte de la fachada está destrozada y vigas y trozos de madera están esparcidos por el suelo. Lo que hasta hace sólo unos meses era una residencia de ancianos se ha convertido en el refugio de, depende el día, cuatro o cinco gorrillas. Y desde ayer, el nuevo foco de conflicto -veraniego- del Gobierno local y la oposición.
El día clave en este embrollo fue el pasado miércoles. Según el PP, ese día acudieron a la residencia para hacer fotografías y preparar la comparecencia del portavoz popular, Juan Ignacio Zoido, que fue convocada para la mañana de ayer. Pero el plan no salió como estaba preparado. Zoido se trasladó a la calle Porvenir para denunciar el abandono del edificio. La historia se remonta al pasado mes de marzo, cuando la orden religiosa responsable de la residencia de ancianos había pedido al Consistorio hacerse cargo de las obras de reforma del inmueble a cambio de prorrogar el uso del mismo, que se construyó para la Expo de 1929 y actualmente es propiedad del Ayuntamiento. El pasado 16 de abril, al no recibir respuesta del Consistorio, la orden había dejado las llaves en una gestoría y abandonado el edificio. Desde entonces, había sufrido el expolio y la ocupación de personas sin techo, sin que se tomaran medidas al respecto. Hasta ayer.
Cuando Zoido llegó a la calle Porvenir, a las 11.30 horas, operarios del Ayuntamiento acordonaban el edificio y comenzaban los preparativos para su derribo. Para el popular, era una estrategia del Consistorio, que conocía su agenda y "había dado la orden urgente de demolición". "Sabían que veníamos hoy aquí y han llevado a cabo esta gran improvisación para retirar lo que quedaba del edificio", declaró.
Desde el Gobierno local se apresuraron a dar su versión. El delegado de Movilidad, Francisco Fernández, explicó que el miércoles, el mismo día que los miembros del PP habían acudido a la zona, acudieron también los técnicos del Ayuntamiento, que decretaron el pasado viernes "la demolición por vía de urgencia" al considerarlo "un riesgo para la seguridad ciudadana". El derribo se llevará a cabo en un plazo máximo de 15 días.
El contraataque del PP fue la petición por escrito de los documentos relacionados con el expediente que ordena demoler de forma urgente el edificio. En ellos comprobarán las fechas de la inspección de los técnicos y de la orden de derribo y confirmarán, como aseguran, si se trata de una estrategia del Gobierno.
El lío continuó durante todo el día. Francisco Fernández declaró por la tarde que "el decreto de emergencia se firmó antes de que Zoido se planteara hacer esa visita, que convoca 48 horas después de que el Gobierno hubiera actuado ya con la firma de la demolición por el riesgo que suponía tanto para los ocupas como para los transeúntes". Fernández tiene previsto conocer hoy cómo van las obras.
En medio de la disputa política están los afectados. Por un lado, los 20 ancianos que vivían en la residencia. Algunos fueron realojados en una residencia de Camas; otros han tenido que regresar con sus familias.
Al otro lado se sitúan los vecinos. Algunos se acercaron a la comparecencia de Zoido y denunciaron que varios indigentes habían ocupado el edificio. "Hace unos días, con 36 grados por la noche, hicieron una fogata", relataba uno. Otra vecina, que lleva 32 años viviendo frente a la residencia, se preguntaba: "¿No había posibilidad de recuperarla?". Y los más olvidados son los que ocuparon la residencia tras el abandono. Uno de ellos salió al paso del candidato popular a la Alcaldía: "Nos han dejado en la calle como a perros. A ver dónde vamos ahora".
