Wert aumenta por encima de 25 horas la jornada lectiva de maestros, permite no cubrir las bajas antes de dos semanas y que las comunidades rebajen el sueldo de los docentes.
Medidas coyunturales y medidas estructurales en política educativa que se aprobarán por real decreto ley el próximo viernes en el Consejo de Ministros. Los consejeros de Educación de las comunidades autónomas han acudido esta mañana al ministerio del ramo para que su titular, José Ignacio Wert, les explique por dónde pretende el Gobierno recortar 3.000 millones de euros del gasto educativo.
Más del 80% del dinero público que se invierte en educación en este país sale de las arcas autonómicas, y tres cuartas partes del mismo lo absorben las nóminas de los profesores, así que en realidad todos daban por hecho que el mayor impacto del recorte recaería en la plantilla. Entre los cambios normativos que adoptará el ministerio estará el aumento de las horas de clase que imparten los docentes: en Primaria el mínimo serán 25 horas (hasta ahora eran el máximo) y en Secundaria la jornada lectiva pasa de 18 a 21 horas semanales. Para ello se modificará la LOE, que recogía esta opción como una posibilidad, pero que a partir del curso que viene será obligatoria.
Madrid lo implantó este año y provocó protestas masivas en la calle. La otra modificación normativa que ha planteado Wert es el aumento de la ratio escolar: el número máximo de alumnos por clase es, por ley, de 25 en Primaria y 30 en Secundaria. Por necesidades de escolarización se puede ampliar hasta tres más por aula. Ahora el tope máximo oscilará entre los 30 y 35 en Primaria y los 35 y 40 en Secundaria, cifras que no se manejaban desde finales de los años 70, cuando España sufría un terrible déficit de infraestructuras educativas. Wert ha dicho que esta medida es "temporal" y que se mantendrá mientras el Gobierno mantenga la tasa de reposición limitada al 10%, es decir, mientras no haya oposiciones de profesor y las comunidades sólo puedan cubrir una de cada diez vacantes que dejen los docentes jubilados.
Además, el ministro ha anunciado un aplazamiento en la implantación de los módulos de FP de 2.000 horas, y la eliminación de la obligatoriedad de ofertar al menos dos tipos de Bachillerato en cada instituto. Ambas medidas serán permanentes, la primera porque el Gobierno prevé reformar íntegramente la FP, y la segunda porque Wert considera que es esta obligación de la LOE no tenía sentido ni tomaba en cuenta razones demográficas. Esta decisión abre la puerta a eliminar el bachillerato en algunos institutos, obligando a los alumnos a trasladarse de centro.
Otras medida transitoria es la que permitirá a los centros no cubrir las bajas médicas de los docentes con un profesor sustituto antes de dos semanas (estas bajas deberán ser atendidas por los profesores del centro en plantilla). Esta medida va en contra de una normativa andaluza, que obliga a los centros a cubrir la baja antes de cinco días. Por último, el Gobierno abre la puerta a recortar los nuevos complementos retributivos o variables, es decir, pluses en la nómina que reciben los profesores por antigüedad y formación.
Wert ha dicho que la mayoría de las comunidades se han mostrado satisfechas con estas medidas, con las que esperan ahorrar en un curso completo 3.000 millones de euros. "El uso más eficiente de los recursos estará en función de cómo decidan aplicar estas medidas las comunidades. Hay margen de flexibilidad para que lo apliquen, y algunas ya lo están haciendo", dijo.
Recorte de personal. Esas son las principales reformas normativas que adoptará el ministerio, aunque la traducción en el lenguaje presupuestario de las comunidades autónomas es más sencillo: habrá que prescindir del profesorado interino. Tanto el aumento de horas lectivas de la plantilla fija como la subida de la ratio condensan el trabajo de los funcionarios, permitiendo ahorrar en personal eventual. La subida de la ratio también significa que, en algunos centros, habrá disminución de aulas, puesto que los que caben en cinco clases ahora cabrán en cuatro. No está claro qué ocurrirá en los colegios rurales de Andalucía, escuelas implantadas en zonas de baja densidad poblacional donde puede encontrarse cinco, ocho o diez alumnos por clase.
Cuando el Gobierno de Mariano Rajoy anunció un recorte de 3.000 millones de euros en educación, adicional al que ya incluían los Presupuestos Generales del Estado (que han rebajado en un 22% el gasto educativo respecto al año pasado), todos entendieron que el violentísimo plan de ajuste de Rajoy iba a impactar de lleno en las arcas autonómicas. Y así será. Pero el Ministerio de Educación también asumirá en primera persona parte del coste político que supone recortar el gasto educativo: el salario de los profesores. A la reducción del 5% en las nóminas de los funcionarios que aprobó el Gobierno de Zapatero y que mantuvo congelada el Ejecutivo de Rajoy, ahora se une un nuevo recorte que el ministerio de Wert aplica directamente a los pluses por antigüedad que son exclusivos de los profesores. Es una medida que ya había tomado alguno de los gobierno autonómicos del PP, como la Comunidad Valenciana, que recortó el complemento autonómico de los docentes con la consiguiente pérdida de 300 euros al año.
"Ha habido un amplísimo consenso respecto a estas medidas de ahorro del gasto educativo, a la mayoría les ha parecido suficentes, justas, bien orientadas y con escaso o nulo impacto en los resultados educativos. Estamos muy satisfechos. Es evidente que a través de estas normas estamos pidiendo un sacrificio y un esfuerzo importante a los docentes de este país. Y casi todas están de acuerdo en que estas medidas no suponen un perjuicio directo e indirecto a la calidad de la enseñanza", concluye el ministro.
