El Tribunal de París condenó a 15 años de cárcel a cada uno de los tres activistas de ETA procesados por extorsión a un empresario español. Todos deberán cumplir de manera efectiva al menos dos tercios de sus penas (10 años) en prisión y no podrán permanecer en el territorio francés.
Francia ha dicho por primera vez que lo que la banda denomina "impuesto revolucionario" es en realidad extorsión de fondos por parte de activistas etarras. Ana Miren Alberdi, Carlos Saez de Eguilaz y Cristina Goiricelaya han sido condenados por los siete magistrados del Tribunal a 15 años de prisión, de los que cumplirán al menos 10. Una vez purgada la pena, los etarras tendrán prohibido permanecer en territorio galo.
Tras casi cinco horas de deliberaciones, los jueces condenaron a los tres encausados por todos los delitos que se les imputaban. Se trata del pago que un empresario vasco del sector naval amenazado reiteradamente hizo en dos tandas de 72.000 euros en noviembre de 2002 y enero de 2003, cuando fueron detenidos. Los magistrados no encontraron atenuante, por lo que respaldaron plenamente la petición que la víspera había hecho el fiscal.
Ahora se abre un plazo de 10 días para la presentación de recursos contra este fallo, que fue acogido con calma por los condenados, mientras entre el público algunos familiares y amigos gritaron "Gora ETA".
Aparte de extorsión de fondos, Alberdi, Saez de Eguilaz y Goiricelaya han sido declarados culpables de posesión y transporte de armas, uso de vehículo robado y utilización de documentos de identidad y matrículas falsos, todo ello con el agravante de que se ha realizado en el ámbito de una asociación de malhechores con fines terroristas.
El empresario extorsionado confesó haber pagado, aunque se negó a personarse ante el Tribunal francés por temor a la banda, ya que en los documentos incautados, ETA señalaba al empresario o a sus escoltas como los que habían alertado a las autoridades.
Nueve años y medio. Por otra parte, la Audiencia Nacional condenó ayer a la etarra Dolores López Resina, Lola, -que gritó "Gora ETA" durante el juicio- por el intento de asesinato de un militar de Barcelona cometido en 1993. La condena es de ocho años de prisión por el delito de atentado en grado de tentativa, un año de prisión menor y multa de 3.000 euros por sustitución de placas de matrícula y seis meses de arresto mayor, privación del permiso de conducir durante un año y multa de 3.000 euros por utilización ilegítima de un vehículo.
La etarra se ha enfrentado este mes a otros dos juicios en la Audiencia Nacional por la colocación de dos bombas en sendas cafeterías del Puerto Olímpico de Barcelona en agosto de 1993.
