Por primera vez, una sentencia firme condena a Juan Antonio Roca, considerado el cerebro de la trama de corrupción urdida en el Ayuntamiento de Marbella en los años del gilismo. A la espera de que se celebre el juicio por el urbanismo irrugular del caso Malaya, la Audiencia Nacional le endosó ayer casi siete años de cárcel por saquear las arcas municipales entre 1991 y 1995.
Ya en el primer mandato de Jesús Gil como alcalde de Marbella, el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento, el que fuera asesor jurídico José Luis Sierra y el contable Manuel Jorge Castel desviaron fondos públicos del Ayuntamiento de Marbella a través de empresas municipales creadas para tal fin. La sentencia de la Audiencia Nacional hecha pública ayer sobre este caso, conocido como Saqueo, mantiene que el primero tuvo una "importante participación" en el entramado pero la participación de Sierra estuvo "en un plano superior".
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de este tribunal ha condenado a Roca a seis años y diez meses de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de falsedad en documento mercantil; a nueve años a Sierra y a ocho a Castel por los mismos delitos. Los tres, que también han sido condenados a diez años de inhabilitación para cargo público, deberán devolver casi 23 millones al Ayuntamiento por los perjuicios causados.
En esos años, los condenados pusieron en marcha "actuaciones coordinadas tendentes a desviar" los fondos públicos que llegaban desde el consistorio marbellí. Sirviéndose de los conocimientos jurídicos, contables y empresariales que tenía cada uno de ellos crearon, controlaron y pusieron en funcionamiento una serie de empresas municipales que recibían fondos del ayuntamiento y que luego se empleaban para desviar el dinero a fines a los que no estaba destinado.
La sentencia atribuye a Sierra la creación de las empresas municipales, que llegaron a ser hasta 31, y que, con la justificación de que la gestión de los servicios municipales sería más ágil y eficaz a través de ellas, "en la práctica" sirvieron para sacar del Ayuntamiento "la mayor parte de la actividad municipal". Esto "degeneró" en una "situación de opacidad y falta de transparencia que alejaba la gestión del control interno y de eficacia por parte de la corporación municipal".
El tribunal también mantiene que configuró con las sociedades municipales un "sistema de administración anodino" y, pese a que él "pretende investirse en un mero asesor jurídico" de Gil, está en un "plano superior" dentro del entramado, pues era el receptor de las cuentas de las sociedades municipales. El asesor de Gil supervisaba la actividad de las sociedades municipales creadas y ejercía sobre ellas, "con conocimiento del alcalde", "rígidos controles".
Roca puso su capacidad empresarial a disposición de la "trama delictiva", concretamente aportó cuatro empresas de su propiedad para favorecer el desvío de fondos públicos ya que las pone como entidades proveedoras de obras y servicios a las sociedades municipales. La "importante aportación" del ex asesor de urbanismo al caso también consiste en detraer fondos públicos desde la sociedad municipal de la que era gerente, "desviando dinero público a fines que se desconocen".
En la sentencia, de 122 folios, se recoge que Manuel Jorge Castel era el encargado de elaborar y supervisar la contabilidad de las sociedades y solventaba con el anterior condenado las incidencias que planteaba su gestión. El tribunal acordó ayer la prisión provisional sin fianza para Castel, que ya pasó diez días en la cárcel durante la instrucción de la causa, y para Sierra, que permaneció nueve días ingresado en prisión preventiva en el proceso de instrucción. Roca ya se encontraba cumpliendo prisión preventiva.
