El abogado José Luis Sierra fue condenado ayer a un año de prisión por el caso Belmonsa, relativo a la concesión de una licencia ilegal en Marbella, al ser considerado culpable de un delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística. Sierra también queda inhabilitado para ejercer como asesor jurídico municipal y la licencia de obra mayor concedida a Belmonsa ha sido declarada nula por el juzgado de lo penal número 7 de Málaga.
La sentencia, a la que tuvo acceso Efe, hace referencia a que Sierra emitió un informe verbal en el que afirmaba la viabilidad legal de otorgar la licencia a Belmonsa al adecuarse a los parámetros urbanísticos establecidos en el documento de revisión del PGOU, que elaboraba la entidad Planeamientos 2000, de la que era gerente Juan Antonio Roca.
Según los hechos probados, en la comisión de gobierno de diciembre de 1997 se acordó por unanimidad otorgar la licencia al proyecto siguiendo las determinaciones del entonces alcalde Julián Muñoz.
Con la licencia que se otorgó se culminó un proceso para favorecer económicamente a la promotora Belmonsa que se había iniciado incluso antes de que se constituyese como persona jurídica, refleja la sentencia.
La pena de un año de prisión impuesta a Sierra ratifica la petición de la Fiscalía, aunque él en su declaración negó haber informado favorablemente para la concesión de la licencia y acusó a los ex ediles de mentir.
En este mismo caso, el ex alcalde Julián Muñoz y tres ex concejales del GIL se conformaron con un año de cárcel y 18 años de inhabilitación, mientras que Juan Antonio Roca aceptó una pena de nueve meses de prisión, cinco años de inhabilitación y pagar una indemnización de 2,4 millones de euros. Sólo continuó el juicio para Sierra, que no alcanzó un acuerdo con el Ministerio Público y las acusaciones.
También ayer, Julián Muñoz compareció en el Juzgado de Instrucción 4 de Marbella como imputado en otra causa en la que se investiga la presunta concesión irregular en 2003 de una licencia a la empresa Haviland Proyectos Inmobiliarios. Su declaración no se centró en dicha actuación, sino que fue interrogado sobre el desarrollo de las comisiones de gobierno y el modo en el que se otorgaban las licencias. Muñoz insistió en que la concesión de las licencias venía avalada por informes técnicos, por lo que los concejales que las aprobaban creían actuar en la legalidad.
