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Prisión sin fianza para dos psiquiatras por abortos ilegales

El juez que investiga el caso de los supuestos abortos ilegales en clínicas de Barcelona envió el jueves a prisión a dos psiquiatras acusados de falsificar informes, con lo que ya son cinco los médicos encarcelados por su presunta participación en la trama dirigida por el doctor Carlos Morín.

el 14 sep 2009 / 21:45 h.

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El juez que investiga el caso de los supuestos abortos ilegales en clínicas de Barcelona envió el jueves a prisión a dos psiquiatras acusados de falsificar informes, con lo que ya son cinco los médicos encarcelados por su presunta participación en la trama dirigida por el doctor Carlos Morín.

Mientras tanto, este caso sigue despertando un encrespado debate social, ya que mientras las plataformas abortistas denunciaron el jueves que están sometidas a un acoso judicial "fascista", la organización e-cristians exigió que el aborto se lleve a cabo sólo en centros públicos.

Tras tomar declaración durante todo el día del miércoles y hasta las 08.00 horas de el jueves a los últimos siete detenidos, la titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona, Elisabeth Castelló, decretó prisión sin fianza para los dos psiquiatras, Pasqual Javier R.M. y Fernando Javier C.V., a quienes imputa los delitos de aborto ilegal, asociación ilícita y falsedad documental.

anestesistas. Estos dos médicos fueron detenidos el pasado lunes junto a otros dos anestesistas, Ester S.R., y Agustín C.F., para quienes la juez decretó una prisión eludible bajo fianza de 4.000 euros.

La titular del juzgado también fijó una fianza de 4.000 euros para dos ginecólogos detenidos el lunes, Antonio R.R. y Ramón T.H., mientras que puso en libertad sin fianza al tercer ginecólogo arrestado, Tomás P.P., que es vocal de la sección de Tocoginecólogos del Colegio de Médicos de Barcelona y deberá comparecer cada semana en el juzgado.

Los dos anestesistas están acusados de firmar informes falsos sobre su presencia en algunas prácticas abortistas, mientras que los ginecólogos suscribían presuntamente, sin visitar a la paciente, el segundo informe preceptivo para interrumpir un embarazo cuando éste está en una fase avanzada. El debate generado por esta decisión llevó el jueves a las principales plataformas abortistas de Cataluña a denunciar el acoso policial y judicial al que dicen verse sometidas.

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