El Juzgado de Violencia de Género de Málaga decretó ayer prisión provisional y sin fianza para el hombre de 41 años, identificado como J.R.C., que mató a su expareja el pasado martes en plena calle de la barriada malagueña de El Palo. Al acusado se le imputa un delito de asesinato, quebrantamiento de condena y malos tratos habituales.
Los hechos ocurrieron cuando la víctima, Susana G.A. de 37 años, regresaba a su casa, tras dejar en el colegio a la hija de ambos, de 5 años, y fue atacada por su exmarido, que la estaba esperando en la calle, con un hacha y un cuchillo. El acusado declaró ante el juez que no recordaba el momento puntual del asesinato ni cómo lo hizo aunque reconoció que vio a Susana ese mismo día pero de forma casual. Alegó que sufre problemas de memoria y psicológicos y que por ello no recuerda lo sucedido en ese asesinato.
El presunto asesino ya fue condenado en julio de 2010 a 14 meses de prisión por amenazas y maltrato familiar, pena que le fue computada por participar en un curso para maltratadores. Tenía una orden de alejamiento sobre su exmujer, que denunció los hechos, a la que no podía acercarse a menos de 500 metros durante 32 meses.
La pareja se separó en abril del 2010 y a principios de julio el acusado comenzó su camino de amenazas constantes, ya que llamó por teléfono a su suegra para decirle que él iría "a Alhaurín [a la cárcel provincial]" pero que se llevaría "por delante" a su expareja. A la propia víctima le envió correos electrónicos amenazantes. "No sigas jugando conmigo que la próxima vez no vas a escapar de una pieza, que yo sé que mi futuro está en Alhaurín", decía uno de ellos.
El caso de Susana ha provocado un cruce de acusaciones entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Málaga al conocerse que le fue denegada la teleasistencia móvil. El delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, declaró nada más conocer el crimen que su solicitud no fue rechazada sino que no fue tramitada por un defecto de forma al faltarle la documentación. Sin embargo, la directora del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga, Gemma del Corral, contradijo esta versión y aseguró que el consistorio recibió la solicitud denegada alegando que según el informe policial su riesgo era bajo ya que al separarse se había mudado de Antequera a la capital. Ayer, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, reclamó que no se "manipule" la verdad ni se atribuyan al consistorio responsabilidades. Lamentó que este tema entre en la batalla político pero dijo que no tolerará que se responsabilice al consistorio.
