El juez Baltasar Garzón ordenó ayer el ingreso en prisión incondicional, sin fianza y comunicada de la alcaldesa de Arrasate-Mondragón, Inocencia Galparsoro (ANV), por colaboración con ETA y quebrantamiento de la suspensión que pesa sobre la formación abertzale.
De acuerdo con la resolución del juez, la alcaldesa, que fue conducida a la prisión de Soto del Real, se implicó en el desarrollo de la estrategia común para contribuir a los fines de la organización terrorista ETA.
Según el magistrado, ha quedado "claro" que Galparsoro ha incumplido "expresamente" el auto de suspensión de ANV, decretado el pasado 8 de febrero. El juez, que no excluye imputarle también un delito de integración en organización terrorista, considera que la alcaldesa "ha ido más allá" de la "mera y puntual" aceptación de los postulados de Batasuna, Ekin y ETA y ha pasado a desarrollar una actividad "intensa" en la colaboración de los objetivos de la banda terrorista.
Garzón sostiene que la "voluntad rebelde" de la alcaldesa con respecto al cumplimiento de la suspensión de ANV se ha constatado en actuaciones como la rueda de prensa del pasado 23 de abril en la que Galpasoro, junto a los alcaldes de Hernani (Guipúzcoa), María Ángeles Beitialarrangoitia, e Igorre (Vizcaya), Galdor Olivares, anunciaron que iban a presentar contramociones en respuesta de las mociones "éticas" del PNV para exigir la condena del terrorismo.
Para el magistrado, esa "voluntad rebelde" no sólo es atribuible a ella sino que la tienen "todos, en todos los ayuntamientos que controlan", en referencia a todos los cargos de ANV, y así lo van a hacer respondiendo a un "impulso común", el cual procede de una decisión que se adoptó de forma conjunta, según señala en el auto. Por este motivo, no descarta actuar contra otros componentes de ANV, "cuya eventual responsabilidad se analizará aparte".
Estrategias. Garzón entiende que Galparsoro fue la primera en llevar a cabo esa estrategia común al plantear en el pleno del 24 de abril en su ayuntamiento una moción alternativa contra la presentada por el PSE/EE y el PNV, que fue rechazada, en la que se exigía dimitir a los concejales que no condenaran la violencia. Además, el magistrado hace constar la denominación que ha adoptado ANV para "disfrazar" el nombre del partido bajo la denominación de "electos independentistas", que resultan ser cargos del partido suspendido.
Por su parte, el abogado defensor de la alcaldesa, Íñigo Iruín, indicó que esta decisión "abre la vía penal para los electos de ANV". La alcaldesa llegó a la Audiencia Nacional poco antes de las 10 de la mañana, acompaña del presidente de ANV, Kepa Bereziartua, y una veintena de simpatizantes de la formación, que irrumpieron en aplausos cuando la regidora accedió a las dependencias judiciales.
Según el auto en el que Garzón suspendía las actividades de ANV, esta medida "afecta a todas aquellas actividades que puedan desarrollar como grupo fuera de los estrictos límites de la actividad institucional en las Diputaciones Forales, las Juntas Generales, los ayuntamientos del País Vasco y Navarra y cualesquiera otras instituciones".
