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Procesan a 13 de los miembros de la Corrala Utopía imputados por la ocupación de las viviendas

Entre los procesados por la juez figuran Irma Blanco, Toñi o Aguasanta, las principales líderes del colectivo.

el 09 sep 2014 / 22:12 h.

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Desalojo de la Corrala Utopía. / José Luis Montero Desalojo de la Corrala Utopía. / José Luis Montero El juzgado de Instrucción número tres de Sevilla ha resuelto  incoar procedimiento abreviado contra 13 de las personas imputadas  por un presunto delito de usurpación cometido al habitar, sin título  alguno, las viviendas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las  Juventudes Musicales, propiedad de 'Ibercaja'. La decisión de la juez  surge después de que prestasen declaración como imputados por un  delito de usurpación todos los protagonistas de esta ocupación, y el  pasado mes de abril la Policía Nacional ejecutase el desalojo  ordenado por la citada instancia judicial. El desalojo de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las  Juventudes Musicales, donde este colectivo de personas habitaba sin  título alguno estas viviendas propiedad de 'Ibercaja', fue consumado  el pasado mes de abril tras casi dos años en los que este grupo de  personas, bautizado como la Corrala Utopía, protagonizó numerosas  movilizaciones y negociaciones con la propiedad de las viviendas y  las instituciones. Estas actuaciones corrieron paralelas a la causa  judicial incoada por el juzgado de Instrucción número tres de  Sevilla, como consecuencia de las acciones legales emprendidas por  'Ibercaja', propietaria de las viviendas a través de la sociedad  'Residencial Murillo'. De dichas acciones judiciales, de hecho, derivaron los autos del  juzgado relativos al desalojo forzoso de las viviendas, toda vez que  la juez, según ha informado a Europa Press la abogada Anabel Segado,  que representa a buena parte de los miembros del colectivo, ha  resuelto transformar en "procedimiento abreviado" las diligencias  previas seguidas desde 2013 contra 13 de los miembros de este  colectivo imputados por la usurpación de las viviendas. RECURSO ANTE LA AUDIENCIA Los imputados, no obstante, han recurrido ante la Audiencia  Provincial esta decisión porque estaría pendiente de resolver su  petición de que testificase el presidente de 'Ibercaja', Amado  Franco, y porque la juez ha "separado" la causa en 13 procedimientos  individualizados pese a tratarse de "unos únicos hechos". Entre las  personas cuyo procesamiento ha resuelto la juez, figuran Irma Blanco,  Toñi, o Aguasanta, algunas de las principales líderes del  movimiento. El desalojo policial de las viviendas, como se recordará, motivó  que estas personas acampasen en la Plaza Nueva a modo de protesta,  tras lo cual la Consejería de Fomento, dirigida por IU-CA, entregó  directamente a varias familias llaves para habitar provisionalmente  viviendas de titularidad autonómica, extremo que se aplicaría a las  restantes personas o familias del colectivo. Estos últimos realojos  fueron paralizados dado el conflicto surgido entre PSOE e IU-CA,  socios en el gobierno autonómico, en torno a esta polémica solución. Al objeto de resolver el destino de estas familias, la Consejería  de Vivienda remitió al Ayuntamiento un listado de estas 17 personas o  cabezas de familia de cara a una nueva evaluación concreta de su  situación socioeconómica, lo que debía determinar su derecho o no a  estos realojos provisionales. EVALUACIONES SOCIALES      Tras concluir las nuevas evaluaciones sociales, el Ayuntamiento  hispalense había remitido las mismas a la Administración andaluza con  una carta dando cuenta de esta labor sobre "15 de las 17 familias  solicitadas, con independencia de que hayan sido desalojadas o no". El Ayuntamiento, en ese sentido, esgrimía su baremo social,  aprobado por su propia junta local de gobierno en 2013, señalando que  del conjunto de familias, sólo dos de ellas figuran en la lista de  familias baremadas para la adjudicación de viviendas sociales, toda  vez que el resto de familias no habría mostrado siquiera "deseo" de  figurar en el "proceso de intervención social" asociado al baremo  municipal. Finalmente, las nuevas evaluaciones de la situación socioeconómica  de estas personas elaboradas por los servicios sociales comunitarios  del Ayuntamiento reflejaron que ocho de las personas o familias  evaluadas se encuentran en un estado de "vulnerabilidad o riesgo", lo  cual según la Junta ya justifica "plenamente" su realojo provisional;  y siete atraviesan una situación "deficitaria o de exclusión social",  con lo que la Consejería de Fomento y Vivienda daba por avalados los  realojos provisionales ya consumados y acometía los que tenía  pendientes. Después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)  zanjó sin consecuencias una denuncia de Manos Limpias contra la  consejera de Fomento, Elena Cortés, considerando que estos realojos  "no están inspirados por una finalidad arbitraria o injusta, sino por  la necesidad de atender a una situación urgente, por mandato  judicial".

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