El juzgado de instrucción de Écija ha abierto procedimiento abreviado contra el director de comunicación del PA, Manuel Lazpiur, por un supuesto delito contra la integridad moral de la ex directora de la residencia de Écija, a la que acusó de quedarse con dinero de los ancianos.
Lazpiur realizó esas manifestaciones en un pleno del Ayuntamiento de Écija y en un periódico local cuando era concejal de Interior del consistorio astigitano. El auto del juzgado dice que el dirigente del PA realizó esas manifestaciones para mancillar el honor de María José García Jiménez, ex directora de la residencia asistida San José del Valle, el geriático público de Écija, que fue despedida por el entonces alcalde de la ciudad y actual secretario general andalucista, Julián Álvarez.
García Jiménez fue cesada el 1 de febrero de 2002, acusada por el Gobierno de coalición PA-PP de "haber permitido" más de 30 caídas de ancianos residentes en el geriátrico público. El 31 de mayo de ese mismo año, el juzgado de lo social número 6 de Sevilla consideró esas acusaciones como ambiguas e imprecisas y ordenó la readmisión de la despedida y que fuera indemnizada con 40.492 euros. Lejos de acatar la sentencia, el gobierno de Julián Álvarez recurrió la sentencia.
Pero además, durante el mes de junio de 2002, se buzoneó por los domicilios de Écija un panfleto, firmado por el PA y con el logo del partido, en el que, textualmente, se acusaba a María José García Jiménez de haberse dedicado "a transferir cantidades de dinero de residentes a cuentas que ella misma abría y desde donde se manejaban esos fondos". También se aseguraba que se había encontrado en un cajón "medio millón de pesetas propiedad de un residente y que se han sacado de una cartilla aprovechando una grave enfermedad". El panfleto justificaba así que el gobierno del PA -con el apoyo del PP, que precisamente gestionaba la residencia geriátrica- hubiera despedido a García Jiménez.
La ex directora de la residencia volvió a ganar en los tribunales el derecho a ser readmitida: en febrero de 2003, el TSJA consideró nulo su despido, que achacó al clima de conflictividad laboral del Ayuntamiento de la época, y ordenó su readmisión.
Además de a Lazpiur, el juzgado procesará a Javier Fernández Franco, portavoz municipal del PA. A ambos, el abogado de la ex directora, José Ramón Fernández, considera "responsables de la sarta de patrañas vertidas sobre que María José se quedó con dinero de los ancianos y que era práctica habitual, cuando se ha acreditado no sólo que no era cierto sino que además ellos sabían que no era cierto". El letrado y la Fiscalía han recurrido el archivo de la causa contra el ex alcalde, Julián Álvarez.
Javier Fernández Franco, secretario local del PA hasta hace unos meses, dijo ayer desconocer el auto judicial, pero anticipó que "no llegará a ningún lado".