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Propietarios del Teatro Imperial piden a Urbanismo perder la etiqueta de cultural

Afirman tener un proyecto para convertirlo en un «multiespacio» comercial y cultural y nuevos argumentos que avalarían el cambio en la calificación del edificio, cerrado y vacío desde enero

el 30 jul 2014 / 10:00 h.

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LIBRERIASalón Suizo, Café Teatro Suizo o Teatro Palacio Edén. El número 25-27 de la calle Sierpes fue durante muchos años de su historia teatro o cine, una etiqueta cultural que es ahora un lastre que impide que vuelva a echar a andar. Eso es lo que denuncian miembros de la familia propietaria, que quieren dar otros usos al antiguo Teatro Imperial para que no acabe derruido. Alegan que tras la marcha de la librería Beta del edificio han encontrado documentos que acreditan que el teatro no tuvo ni licencia de apertura y que incumplía hasta las mínimas condiciones de seguridad, por lo que no se explican cómo el Coliseo se convirtió en oficinas y el Teatro Central en tienda de ropa, mientras que el Imperial, «con mucho menos valor patrimonial y fuera de la legalidad», fue en esa misma época, en 2002, calificado como Suelo de Interés Público y Social (SIPS) cultural. Lola y Miguel Artacho, hijos de uno de los dos dueños del antiguo teatro, han lanzado a Urbanismo un SOS para salvarlo de un abandono que le llevará a la ruina: quieren desarrollar un proyecto para convertirlo en un multiespacio comercial y cultural. Una especie de rastrillo donde autónomos y empresas puedan disponer de unos valiosos metros cuadrados en plena calle Sierpes por poco dinero. «¿Y por qué no retirarle esa etiqueta de cultural si ya se hizo con el gran Coliseo (conjunto declarado histórico-artístico en 1964) o el Teatro Central (catalogado C), convertido en Mango? Es inexplicable, escandaloso y definitivamente injusto». Esto es lo que opinan Lola y Miguel Artacho. Ambos sostienen que por el «bien del edificio, de la calle Sierpes y de Sevilla» es necesario darle otro uso al antiguo Teatro Imperial, «que cree empleo y garantice su conservación» . Además, aseguran que respetarán la fachada (protegida) del edificio, rediseñada por su abuelo en 1954. Según un expediente de Urbanismo y Medio Ambiente encontrado tras la marcha de la librería Beta del edificio el pasado enero, el anterior inquilino, Francisco Carrero, director gerente del Teatro Imperial y Procolsur, no tramitó la licencia de apertura. La familia asegura que nunca se les comunicó nada y, de hecho, los informes encontrados avalan que fue Carrero el que firmaba y recogía los documentos. Lola y Miguel van más allá. Tras los últimos fallos judiciales que le han quitado la calificación de Suelo de Interés Público y Social (SIPS) a otros cines de la ciudad y con la nueva documentación encontrada, Lola y Miguel Artacho aseguran que tienen posibilidades de, ahora sí, ganar en los tribunales ese cambio que piden en la calificación del antiguo Teatro Imperial, pero no pueden esperar a que la Justicia dictamine porque el edificio se degrada a pasos agigantados y requiere una gran cantidad de dinero para su mantenimiento. Por eso han acudido a Urbanismo. «Si es necesario iremos otra vez a los tribunales, pero es caro y muy lento», indicó Miguel Artacho, esperanzado en que el Ayuntamiento y la Junta les den la razón. Por ahora, según comenta, parece tener el visto bueno municipal, pero estarán a la espera de una respuesta oficial. Los cines Alameda, Avenida y Cervantes han perdido su calificación urbanística como SIPS tal y como pidieron sus propietarios ante los tribunales y como sentenció el Supremo, si bien esta modificación del PGOU no afectará a otros edificios del Centro que en su día albergaron usos culturales –y algunos lo mantienen–. Un informe de la Gerencia reflejó la decisión del Gobierno municipal de «excluir» expresamente de esta modificación al cine Apolo, la antigua Sala X de la calle Trajano, el antiguo cine Llorens, las salas Imperial (hasta enero librería Beta) y Pathé (Teatro Quintero) y el teatro Álvarez Quintero. «En 2002 se patrocinó una campaña mediática entorno al local de Sierpes 25, promovida por Francisco Carrero, director gerente de Procolsur, arrendadora del Teatro Imperial. Respaldado por la entonces delegada de Cultura, Paola Vivancos (PA), que aprobó con insólito empeño, un PERI que cambió el uso del local en el PGOU. La delegada basaba sus declaraciones públicas en una única cuestión: el bagaje de casi veinte años del local como teatro y que por su sala pasaban 70.000 espectadores por temporada». «El Teatro Imperial fue una actividad que sumó dieciocho años de gestión ilegal, sin ser clausurado por el Ayuntamiento. Carente de apertura, regulación y seguridad. Este estado ocasionó una denuncia vecinal en 2001 con un escalofriante expediente abierto por disciplina de Medio Ambiente, que denegaba la licencia de apertura de 1984 por incumplir el aforo. Resulta difícil creer que estando en trámite el expediente disciplinario del Ayuntamiento en 2002, paralelamente en Urbanismo se tramitase su uso como cultural, basado en su trayectoria teatral», asegura Lola. ¿Y que opina ahora Urbanismo? Fuentes municipales consultadas apuntaron que estudian la documentación aportada por la familia, mientras que Lola comentó que vieron con buenos ojos su proyecto, aunque también subrayaron que puede ser la Junta de Andalucía quien no autorice la recalificación. Mientras, la familia solicitó una licencia provisional para dar contenido comercial al edificio.

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