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Prostitución y legalidad

La campaña emprendida por el ayuntamiento de Sevilla para luchar contra la prostitución ha desatado un complejo debate. Empujado por las protestas de los vecinos que se han puesto en pie de guerra por la presencia de prostitutas y proxenetas en sus calles, el Consistorio ha concebido un plan de concienciación que se basa en la instalación de carteles con una leyenda dirigida precisamente a los...

el 15 sep 2009 / 10:57 h.

La campaña emprendida por el ayuntamiento de Sevilla para luchar contra la prostitución ha desatado un complejo debate. Empujado por las protestas de los vecinos que se han puesto en pie de guerra por la presencia de prostitutas y proxenetas en sus calles, el Consistorio ha concebido un plan de concienciación que se basa en la instalación de carteles con una leyenda dirigida precisamente a los clientes (¿Tan poco vales que tienes que pagar?), en el convencimiento de que la prostitución existe porque hay personas dispuestas a sufragarla. Los empresarios de locales de alterne se han apresurado a echar en cara a las autoridades la "hipocresía" de estas políticas que mantienen sin regular ("en el limbo legal") esta profesión para después echar los perros contra los clientes que, recuerdan, "no cometen delito alguno". La polémica no resulta fácil de resolver. Los vecinos tienen toda la razón en quejarse de que sus hijos o ellos mismos no pueden salir a la calle sin tropezarse con un espectáculo indeseable. Reclaman, con toda justicia, una intervención inmediata que retire de sus portales y aceras a prostitutas y proxenetas. En la inmensa mayoría de los casos, una prostituta es una mujer explotada, vejada y humillada, una víctima a la que hay que liberar. Ahí es donde la intervención social ha de ser efectiva y además la ley debe caer con todo su peso contra quienes las explotan. Pero entretanto el Ayuntamiento ha emprendido una especie de cruzada moral contra los clientes que resulta, con toda su buena intención, bastante inadecuada. No es terreno que pueda considerarse público el de las predilecciones de cada cual en materia sexual y es por ello que también ha generado bastantes protestas el propósito de instalar cámaras de vigilancia para disuadir a los eventuales clientes de las prostitutas, con el agravante de que podrían producirse situaciones lesivas para ciudadanos que nada tienen que ver con estas prácticas. Requerir o no los servicios de una prostituta es, mientras la ley no diga lo contrario, un asunto de la vida privada por muy reprobable que moralmente pueda resultar.

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