El Ejecutivo andaluz se aproxima al ecuador de la legislatura sin haber aprobado ninguna de las 28 leyes comprometidas en el pacto de Gobierno que firmaron PSOE e IU en abril de 2012. Las primeras medidas adoptadas, las de más repercusión, o no aparecen en el acuerdo ley antidesahucios, plan contra la exclusión social o se han improvisado para amortiguar los recortes que venían impuestos desde Moncloa las becas Adriano para los alumnos que perdían la ayuda estatal. Los socios de Gobierno coinciden en calificar los dos primeros presupuestos autonómicos de resistencia, pero no creen que el tiempo se les echa encima. El compromiso es que el 100% de las leyes esté en vigor antes de que acabe la legislatura [primavera de 2016), pero cada vez que el Ejecutivo de Rajoy hace algo, dificulta el cumplimiento del pacto, se quejó ayer el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo. El portavoz de la Junta, Miguel Angel Vázquez, también garantizó que se dará respuesta al contenido íntegro de un programa ambicioso y transparente. Se está haciendo día a día, no es sólo un momento puntual, dijo. PSOE e IU tuvieron ayer la primera de una serie de reuniones cuyo objetivo es acelerar la iniciativa legislativa en el Parlamento y poner fecha en el calendario a la tramitación y aprobación de las 28 leyes y 250 medidas del pacto. Maíllo asegura que 2014 será el gran año de la reforma legislativa en Andalucía, el año clave en el que previsiblemente se aprobarán la mitad de las normas prometidas. Las que más avanzadas están son la Ley de Memoria Democrática (que lleva un año redactada) y la de Participación Ciudadana, que podrían llegar al Consejo de Gobierno entre este mes y finales de febrero de 2014. La ley de Transparencia y acceso a la Información quedó estancada, pero su aprobación está prevista para el primer periodo de sesiones, tras las vacaciones de Navidad. Maíllo también mencionó como prioritaria la ley integral de Agricultura, que dará cobertura al llamado banco público de tierras (ya hay presupuestado tres millones). El PSOE, por su parte, quiere agilizar la reforma legal de la Cámara de Cuentas y del Defensor del Pueblo, y además ambas fuerzas han puesto fecha para el grupo de trabajo en el Parlamento que estudiará la futura ley de renta básica y la reforma electoral. Elecciones // La renta básica inicia su tramitación parlamentaria mañana, a partir de una proposición no de ley de IU a la que se ha sumado el PP-A. No es la primera vez que la coalición de izquierdas presenta en la Cámara esta propuesta, encaminada a garantizar unos ingresos mínimos a los andaluces más desfavorecidos, pero será la primera que salga adelante. Esta vez cuentan con el PSOE y el consenso de los populares. No ocurre lo mismo con la reforma electoral. El pacto sólo habla de crear un grupo de trabajo que estudie una fórmula más plural para la legislación electoral. El PSOE-A advirtió el lunes de que no apoyará un cambio en las reglas del juego democrático sin el voto necesario del PP, el partido con más apoyos y escaños en el Parlamento [50 frente a los 47 de los socialistas y 12 de la coalición de izquierdas]. IU replicó ayer que será mejor con el consenso de todas las fuerzas, pero recordó que las dos últimas veces que se ha reformado la ley electoral para blindar las listas cremallera y para introducir la incompatibilidad de alcaldes y diputados se hizo sin el voto de los populares. Lo mejor es que haya consenso, pero si no lo hay no pasa nada, dijo Maíllo. El grupo de trabajo se pondrá en marcha después del verano de 2014. IU incluirá en el debate sobre la reforma electoral a partidos políticos que, aun sin tener representación parlamentaria están presentes en algunos municipios andaluces como PA, UPyD y Equo. La federación de izquierdas aspira a impulsar una ley que mejore la proporcionalidad de votos y escaños, para corregir una perversión de la llamada ley d´Hont, a saber, que en las circunscripciones menos pobladas, los partidos más pequeños necesiten más votos que los grandes para lograr escaño. Así se explica que el PP, con el 43% de los votos, tenga el 57% de escaños en el Parlamento. Su propuesta de reforma no supone aumentar el número de diputados (actualmente hay 109), pero sí redistribuir el peso electoral, lo que previsiblemente daría más espacio a los partidos pequeños en detrimento de las dos grandes fuerzas (PSOE-PP). La vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana Corredera, se quejó de que el PSOE-A use a su partido como coartada ante la radicalidad que pueda estar proponiéndole IU con la reforma electoral. Andalucía ha perdido más de 18 meses con un gobierno narcisista que sólo habla de lo bien que trabajan juntos, denunció Corredera, que acusó a PSOE e IU de haber obviado las iniciativas del pacto, conviertiendo su acuerdo en un mero reparto de sillones. La reunión de enlace de ayer, a la que asistió el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, y el líder del PCA, José Manuel Mariscal, trabaja con la idea de que se agotará la legislatura. La presidenta Susana Díaz dijo el domingo que intentará terminar el mandato, pero que se lo están poniendo difícil. Maíllo le respondió ayer que quien adelanta elecciones sin explicarlo, acaba pagándolo en las urnas.