El Parlamento aprobó ayer, con los votos de PSOE e IU, impulsar una modificación normativa para hacer incompatible el cargo de diputado autonómico con el de alcalde o presidente de la diputación. El objetivo es dar exclusividad a la actividad política de un parlamentario para, a la vez, recuperar legitimidad a través de su trabajo y de una mayor austeridad. Esta medida, sin embargo, impacta exclusivamente contra la bancada del PP, que tiene 17 alcaldes diputados, mientras que el PSOE no tiene ninguno y en IU sólo está Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda.
El grupo de trabajo por la transparencia y la calidad democrática incluyó ayer la propuesta socialista en un dictamen que aún tendrá que someterse a votación en la comisión de Presidencia del próximo martes, y será debatida en el pleno extraordinario del 21 de julio. De ser aprobada, la modificación de la Ley de incompatibilidad de altos cargos (2005) obligará al PP a remover más de un tercio de sus escaños. Los populares tienen 47 diputados y 17 son alcaldes, incluidos los de Huelva, Córdoba Jaén y el de Sevilla, Juan Ignacio Zoido.
El PP, que votó en contra, no tardó en calificarla de "golpe de Estado al municipalismo". "Durante 30 años los alcaldes han formado parte del Parlamento y son la voz más cercana a los ciudadanos. Cambiar a unos meses de las elecciones las leyes electorales significa un golpe de Estado al municipalismo andaluz", dijo el presidente del PP-A, Javier Arenas. La portavoz Rosario Soto denunció un supuesto "prepacto electoral social-comunista" entre PSOE e IU para "expulsar" a los alcaldes populares de la Cámara. "Los socialistas intentan cambiar el resultado de las municipales. El PSOE perdió y pretende cambiar las reglas del juego", dijo.
La incompatibilidad del cargo de diputado con el de alcalde afectaría también a Sánchez Gordillo. Según el PP, su renuncia despejaría el camino al coordinador regional, Diego Valderas, cuyo enfrentamiento soterrado con Gordillo le impide concurrir en las autonómicas por la circunscripción de Sevilla (que ocupa el alcalde de Marinaleda) donde tendría más opciones de sacar escaño que en su provincia, Huelva, donde ya se quedó sin sillón hace dos legislaturas. "Valderas ha entregado la cabeza de Sánchez Gordillo", concluyó Soto. No obstante, fuentes de IU aseguran que la propuesta de incompatibilidad podría modularse de manera que sólo afectase a los alcaldes de las capitales y grandes ciudades, y no a los de pueblos pequeños.
Salarios y coches. El grupo de trabajo por la transparencia democrática debatió ayer 102 medidas: 15 del PSOE, 54 del PP y 33 de IU. Los socialistas hicieron valer su mayoría y finalmente se aprobaron todas las de su grupo, más dos del PP y 11 de IU (algunas reescritas parcialmente por el PSOE). Las dos medidas del PP que han sido aprobadas son, por un lado, habilitar el mes de julio para la actividad parlamentaria, y dos, retransmitir las sesiones de control al Gobierno de los plenos a través de RTVA. Entre las de IU -algunas coincidentes con el PSOE- destacan la de optimizar el uso de coches oficiales en virtud de una mayor austeridad (el Gobierno andaluz dispone de un parque móvil de 254 vehículos oficiales); reducir los costes de las campañas electorales; publicar la renta de los diputados en internet o penalizar el transfuguismo.Las propuestas del PSOE pasan, irremisiblemente, por una reforma del reglamento de la Cámara. También se suprime la pensión a los expresidentes de la Junta (todavía no la cobra ninguno), se limitará el sueldo de los parlamentarios y se articularán "mecanismos de sanción por la ausencia de los diputados a su actividad parlamentaria". Además se obligará a los diputados y a su núcleo familiar a declarar actividades, bienes e intereses fiscales y dar cuenta cualquier vínculo de sus familiares con la administración pública (subvenciones, empresas...). Entre las medidas también está la creación del escaño 110 y la rebaja a 40.000 del número de firmas necesarias para presentar en la Cámara una iniciativa popular (en el caso de los ayuntamientos pasa de 35 a 25). Ambas medidas fueron aprobadas por unanimidad.
El salario del diputado, incompatible con otros
Se impulsará una reforma normativa para limitar las retribuciones de los parlamentarios (el sueldo base ronda los 3.000 euros), prohibiendo que un diputado perciba otros ingresos públicos (dietas o gastos de desplazamientos por asistir a los plenos, etc) o privados (conferencias, colaboración en prensa). Unos 40 diputados cobran actualmente ingresos extra de origen público o privado.
La reforma electoral, tras las autonómicas
IU volvió a presentar ayer su propuesta para reformar la ley electoral andaluza y ampliar el número de diputados en el Parlamento y su representatividad. El PSOE volvió a tumbársela, pero esta vez se mostró dispuesto a abordar la reforma electoral al inicio de la próxima legislatura “sea cual sea el resultado” de las autonómicas. La oposición consideró “insuficiente” las 28 medidas aprobadas.
Los 109 parlamentarios harán pública su renta
Se modificará el reglamento del Parlamento para que los diputados y altos cargos de la Junta hagan públicas sus declaraciones de la renta desde el inicio de la legislatura o en cuanto se incorporen. Se modificará la ley de incompatibilidades, de 2005, para ampliar la obligación de los altos cargos de declarar sus bienes e intereses a su núcleo familiar, que también informará de cualquier relación contractual con la Junta.
Las sesiones de control al Gobierno, en directo
Posibilitar las sesiones de control al Presidente que se celebren en sede parlamentaria a través de la radiotelevisión pública andaluza. También se fortalecerán las competencias de la Mesa de Antitransfuguismo de Andalucía, con capacidad para imponer sanciones. Se creará el escaño 110 para la participación ciudadana y se reducen a 40.000 las firmas necesarias para presentar en la Cámara una iniciativa popular.
Implicar en la austeridad a alcaldes y diputaciones
Se buscará un compromiso político entre todos los grupos parlamentarios para extender todas las medidas aprobadas en el grupo de trabajo al conjunto de las administraciones de Andalucía (ayuntamientos, diputaciones y entes participados). También se articularán mecanismos de sanción para los diputados que falten a su actividad parlamentaria y se habilitará el mes de julio para plenos.
