En 2009, cuando se negociaba igual de acaloradamente que ahora el modelo de financiación autonómica que está en vigor, todos los partidos del arco parlamentario andaluz (PSOE, PP e IU) lograron aparcar por un momento sus diferencias para fijar la posición única de Andalucía en la negociación de la nueva fórmula para el reparto de los fondos públicos. Entonces el Gobierno central era socialista, el ministro de Hacienda que hablaba con las regiones era Pedro Solbes (ahora es Cristóbal Montoro) y Cataluña tenía el mismo protagonismo en este debate que ahora, casi con el mismo argumentario, sólo que entonces presionaba para acercar su porción del pastel a los números de su Estatut (luego parcialmente tumbado en el Constitucional), y ahora presiona con la consulta secesionista.
PSOE-A, PP-A e IU mantenían feroces discrepancias, igual que ahora, y aún así lograron reeditar la alianza que les había unido para aprobar la reforma del Estatuto andaluz. Con el voto de todos, el Parlamento rechazó cualquier modelo de financiación autonómica que supusiera «discriminación» para Andalucía o «privilegios» para otras comunidades. Después ninguno de ellos quedaría contento con la fórmula finalmente elegida. La Junta acaba de quejarse al Gobierno central de que la mala aplicación de aquel sistema ha supuesto la pérdida de 2.800 millones para Andalucía entre 2009 y 2011. Seis años después, aquel modelo de financiación autonómica ha expirado, y Gobierno y comunidades se disponen a abordar un complejo debate sobre la nueva fórmula para los próximos años. El reto parece mayor, no sólo por el envite soberanista de Cataluña, sino porque algunas regiones del PP ya han empezado a hacer sus cálculos y presentan sus balanzas fiscales para denunciar el agravio que han sufrido en el reparto de los fondos públicos.
Ante ese escenario, PSOE e IU, que ahora son socios de Gobierno, quieren repetir la misma estrategia que en 2009: llevar el debate de la nueva financiación autonómica al Parlamento y lograr que salga una posición común de Andalucía, con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas del Parlamento, para que las reivindicaciones de esta comunidad en el debate con el resto de las regiones tenga más fortaleza y legitimidad. Ambos grupos han registrado una propuesta de resolución, admitida a trámite por la Cámara. «El Gobierno se ha comprometido a modificar este año el sistema de financiación autonómica y se están sucediendo los pronunciamientos de diferentes comunidades acerca de las bases sobre las que articular el nuevo modelo», reza la iniciativa, «la mejor manera de afrontar una reforma tan compleja es desde el debate y el diálogo entre los diferentes grupos para que los ciudadanos puedan conocer la posición de la Cámara autonómica sobre los criterios que se proponen a la hora de revisar el modelo para lograr un sistema más justo que corrija los desequilibrios actuales».
Aparentemente, buscar el consenso en la Cámara en un año electoral (las europeas son el 25 de mayo) es difícil, más aún cuando las propias regiones del PP del sur, como Extremadura o Murcia, discrepan abiertamente con las del norte, como Madrid. En Andalucía, PSOE, PP e IU coinciden en que el actual modelo ha sido perjudicial para la comunidad, que ha supuesto una «infrafinanciación». Pero mientras la Junta le traslada a Rajoy el agravio que les supuso el sistema anterior, los populares andaluces no están dispuestos a que sea ahora un Gobierno del PP el que pague la cuenta de un modelo que aprobó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, y que ellos entonces rechazaron. El presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, volvió a recordarlo ayer, durante un mitin en Churriana de la Vega (Granada). «Dicen que el Gobierno maltrata a Andalucía y que el modelo de financiación maltrata a los andaluces. Pero quien lo puso fue Zapatero y Susana Díaz lo votó como diputada que era, por lo que es responsable del modelo de financiación que tienen los andaluces», sentenció Moreno.
