Tras la campaña de acusaciones de tratos de favor del PP al Gobierno local, que derivaron en la dimisión de Silva, los socios desviaron la atención a casos de "corrupción" de los populares en distintos municipios. La oposición e IU se amenazaron mutuamente con revelar más casos de contratos a familiares.
IU había trazado una estrategia de respuesta al PP que tenía como escenario principal el Pleno celebrado ayer. Impulsó una moción en la que condenaba 14 supuestos casos de corrupción de distintos municipios -sólo uno de la provincia de Sevilla- y pedía el cese de otros tantos cargos populares imputados en estos juicios en una moción que fue apoyada por el PSOE y rechazada por la oposición. Quería poner a prueba a Juan Ignacio Zoido. Y para ello completó esta maniobra con una escenificación: el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, difundió un escrito con tres preguntas dirigidas a los ediles de la oposición, en las que se les requería que garantizasen que no había familiares de ninguno de ellos contratados directamente o indirectamente por el Consistorio. IU insinuó la existencia de contrataciones de estas características, aunque eludió revelarlas.
"El PP acaba de quedar deslegitimado moralmente para seguir abanderando la imagen de adalides de la lucha contra la corrupción. Han pasado muchos días desde que anunció que iba a ir a los tribunales, y no ha hecho nada. Desde este momento, Zoido es cómplice de los casos de corrupción por no sumarse a la moción", censuró el portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos. "Si se demuestra algún trato de favor en el PP, Zoido lo destituirá inmediatamente", respondió el concejal de la oposición Beltrán Pérez.
IU no aportó datos sobre supuestas contrataciones a familiares del PP. Pero la oposición, en una estudiada respuesta difundió ayer varios casos, documentados, de supuestas irregularidades en las filas del Gobierno municipal. En primer lugar, un expediente de hasta 17 reconocimientos de obligaciones de la Delegación de Urbanismo por un importe de 400.000 euros. Entre ellos, varios viajes de Manuel Marchena por Europa y la adquisición de 17 Atlas por un importe de 2.451 euros en concepto de gastos protocolarios y que, sin embargo, son remitidos exclusivamente a miembros del equipo de Gobierno, entre ellos, el alcalde y varios delegados municipales. Sólo dos eran ajenos al Consistorio: el presidente de la Diputación de Córdoba y la alcaldesa de Jaén.
En segundo lugar, los populares difundieron nuevos datos sobre las contrataciones al primo del ex concejal Francisco Manuel Silva. En esta ocasión apuntan directamente a su sucesor y ex gerente del IMD, José Manuel García, quien aparece como firmante de un expediente en el que, según el PP, se asignan 86.000 euros al club Deporte Sur, vinculado a la firma Arecón. De éstos, según las facturas, sólo se justifican 12.142 euros empleados a servicios de coordinación en una olimpiada escolar. El resto, según la oposición, no están justificadas. Los populares trasladaron al Pleno, por vía de urgencia, una moción para pedir la fiscalización del Instituto Municipal de Deportes a través de la Cámara de Cuentas, que no fue aceptada, pese a que el IMD anunció su apoyo a la iniciativa.
