A priori, que un Gobierno autonómico de izquierdas se haga propietario y principal gestor de un banco es una hipótesis difícil de imaginar. Las comunidades autónomas tienen las arcas prácticamente vacías, no disponen de recursos propios para ofrecer créditos ni avales, y luchan a cara de perro por cumplir el déficit diferencia entre ingresos y gastos para poder a duras penas seguir financiando los servicios públicos básicos. Además, con la crisis, el mercado financiero se ha achicado y tiende a la concentración: menos entidades y más poderosas. Hace cinco años en España había 51 bancos y ahora sólo quedan 14.
En esta situación adversa surge el proyecto de crear una banca pública andaluza, un compromiso que está recogido en el Estatuto y en el pacto de Gobierno. Y la idea parte de una consideración con la que todas las fuerzas políticas están de acuerdo: el principal obstáculo para superar la crisis es la falta de crédito interbancario. Seis años después del colapso financiero, sigue sin haber liquidez para levantar proyectos y los expertos ya no se atreven a vaticinar cuándo se estabilizará el crédito.
De hecho, con menos entidades privadas y más grandes, los créditos se darán donde la situación económica sea mejor y exista menos riesgo. Ante este panorama, el reto de la administración es cubrir el hueco que deja el mercado financiero privado.
PSOE-A e IU aprobaron ayer las conclusiones del informe del grupo de trabajo para la creación de un instituto de crédito andaluz, que ha tardado nueve meses en gestarse. Los populares se descolgaron porque creen que la Junta ya tiene instrumentos de ayuda financiera a pymes, cooperativas y autónomos, que no están siendo aprovechados. El documento recoge que la Junta aspira a crear una banca pública con personalidad jurídica y ficha bancaria propia, lo que significa que deberá estar registrada y controlada por el Banco de España. Los dos objetivos fundamentales son: inyectar a las pymes una liquidez de la que ahora no disponen y, a la larga, potenciar el tejido productivo andaluz y cambiar el modelo económico. La idea es crear una banca ética y transparente que mire por los intereses de la economía andaluza. El capital social con el que partirá este órgano asciende a casi 1.500 millones.
Pero esto tardará en llegar. El ponente del PSOE en el grupo de trabajo, Francisco Vallejo, explicó ayer que se trata de un proyecto ambicioso en el diseño final, pero con un recorrido prudente y creíble para la sociedad. Los expertos que participaron en el debate han advertido a los partidos que ahora sería una temeridad que una comunidad cree una entidad financiera, porque carece de recursos propios para que funcione. La portavoz de IU, Rosalía Martín, se refirió a ese recorrido subdividiéndolo en dos fases: en la primera se crearía un ente público de crédito como sociedad anónima, que pasaría a gestionar todos los fondos reembolsables de la Junta, que ahora tramitan las distintas consejerías para conceder créditos. En la segunda fase, dicha entidad solicitaría al Banco de España la ficha bancaria, necesaria para acceder a financiación alternativa y la captación de recursos externos, por ejemplo a través del ICO o del Banco Europeo de Inversiones, o incluso con la emisión de títulos. Si obtuviera el visto bueno del Banco de España, Andalucía sería la primera comunidad con una banca pública especializada, pero los expertos auguran que es complicadísimo que esto último llegue a suceder. Ahora mismo el Ministerio de Economía defiende la concentración bancaria y está lejos de permitir una nueva dispersión financiera por comunidades, después de la fallida era de las cajas de ahorro. Sin la ficha bancaria, el proyecto quedaría anclado en la primera fase, y no pasaría de ser un gestor de fondos reembolsables, como los que ya existen, pero más grande y con otro nombre. Aun así, el líder de IU, Antonio Maíllo, insistió en que no renuncian al máximo y espera que la banca pública esté lista al final de esta legislatura. Sin este instrumento sería poco creíble hablar de un nuevo modelo productivo, dijo. La Junta lo tramitará como proyecto de ley.
En cualquier caso, sólo la creación del ente público de crédito supondrá la extinción de todos los instrumentos de la Junta que ahora gestionan créditos y avales para pymes y autónomos. El nuevo organismo concentrará todo ese trabajo. De momento sólo se hará cargo de los fondos reembolsables, según IU, aunque el PSOE también planteó ayer la eliminación de entes como la agencia IDEA o la sociedad de capital riesgo Invercaria, que gestionan otro tipo de activos. La suma de todo ese dinero de apoyo a las pymes, que representan el 90% del tejido productivo andaluz, serían esos 1.500 millones. Hay instrumentos de la Junta que dejarían de tener sentido, siendo sustituidos por este nuevo órgano, que no producirá un gasto mayor, aclaró Vallejo. Castro, en cambio, replicó que el ente público de crédito no se hará cargo de los activos contaminados de otras entidades, en referencia a IDEA e Invercaria, que están siendo investigadas por supuestas irregularidades en el uso del dinero público.
