Esta semana el Parlamento andaluz va a debatir la incidencia que tendrán los Presupuestos Generales para 2015 en la comunidad autónoma. Las cuentas del Estado se presentaron en el Congreso hace siete días y llevaban adosadas el apellido de «la consolidación de la recuperación económica». ¿Realmente lo son?
El debate del miércoles y la sesión de control al Gobierno del jueves girarán en torno a esa pregunta, y las respuestas (no hay una sola) estarán más condicionadas que nunca por la proximidad de las elecciones. Los números del Ejecutivo central son optimistas, pero también lo son los que barajan PSOE-A e IU para los presupuestos andaluces de 2015. ¿Hay signos de recuperación que justifiquen aumentar la partida para infraestructuras seis años después del estallido de la burbuja inmobiliaria? ¿La actividad económica permite volver a contratar a empleados públicos, restituirles la jornada completa, devolverles las pagas extra? Gobierno y Junta están tomando decisiones al alza, aumentan sus presupuestos en un contexto aún marcado por la recesión, y ambos rivalizan por la autoría de la recuperación económica. Este debate de grises tendrá lugar en una región donde hay 1.029.097 parados (datos de septiembre), un 35% de la población activa.
Los próximos Presupuestos Generales aportarán a Andalucía un 15,3% más de dinero para infraestructuras que en el presente ejercicio 1.958 millones de euros, algo que no ocurría desde hace seis años. Durante los cuatro años de legislatura de Mariano Rajoy la inversión real en esta comunidad ha caído un 65,9%. Las cuentas del Estado también aumentan el límite de la tasa de reposición del 10 al 50%, permitiendo a la Junta sustituir a la mitad de los profesores y sanitarios que se jubilen este año, y recuperar parte de la plantilla perdida en ejercicios anteriores. En los últimos seis cursos la ley sólo autorizaba a cubrir una de cada diez vacantes de funcionarios, una de las medidas de ajuste más drásticas del Gobierno (que empezó con Zapatero) y que ya ha segado 14.000 empleos públicos en Andalucía, según datos del Ministerio de Hacienda.
Hasta ahora, estas dos realidades inversiones y políticas sociales eran irreconciliables dentro de la ley de presupuestos. En Andalucía se optó por sacrificar las primeras (un 60% menos en cuatro años) para salvaguardar parte de las segundas. Aún así, la Junta recrimina al Gobierno central que en las cuentas de 2015 se sigan primando las políticas de ahorro y consolidación fiscal frente a las de estímulo de la economía, y advierte de que hablar de «recuperación» es precipitado y «electoralista».
Mandato. En efecto, el presupuesto de 2015 será el último del mandato de Rajoy: el año que viene hay elecciones municipales, autonómicas y generales. Pero los comicios también condicionan a los socios del Gobierno andaluz, que también preparan un presupuesto expansivo amparado en las previsiones de crecimiento de la economía andaluza (más de un 2% del PIB, según un último estudio del BBVA). «Los nuestros van a ser los últimos presupuestos de la legislatura», advierte un alto dirigente de IU, que augura un «adelanto electoral técnico» de las andaluzas para 2015.
Por ahora ese fantasma se ha escondido. Ni los ajustes de Rajoy ni las discrepancias entre PSOE e IU en la negociación de las cuentas justifican ya un adelanto electoral. Los socios ultiman el diseño del anteproyecto de ley de los presupuestos de 2015, que llegará al Consejo de Gobierno a final de mes. Estos estarán marcados por una caída de ingresos en las transferencias de financiación del Estado, por la obligación de devolver una deuda de 426 millones por el reajuste de la liquidación negativa del presupuesto de 2013, y por la obligación de cumplir con un límite del déficit del 0,7% del PIB. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, cuenta con 606 millones menos y acusa a Rajoy de discriminar a Andalucía. La Junta denuncia este agravio, pero está lejos del discurso «alarmante» de años anteriores. Al contrario, el Ejecutivo de Susana Díaz ha avanzado que se mantendrá el gasto para educación, sanidad, dependencia y empleo; no hará más recortes, no subirá ni aprobará nuevos impuestos; se incrementarán entre el 10 y el 17% los fondos de la Consejería de Fomento para infraestructuras; se recuperarán funcionarios; se devolverá el complemento autonómico de la paga extra a los 60.000 empleados públicos, y se restituirá el 100% de la nómina y la jornada de los 2.000 eventuales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), a los que se les había recortado al 75% como medida de ahorro en el capítulo de personal. Cómo hacer más con menos es la incógnita.
