Hay dos hechos inminentes que explican por qué la Junta estudia ahora retirar conciertos a los colegios católicos y derivar a alumnos de nuevo ingreso a la pública con espacio disponible. Este año, este mes, toca poner el contador a cero y revisar las subvenciones en los 598 colegios semiprivados andaluces. Una vez que se autorizan (la ley actual dice que por cuatro años), la Junta no puede retirarlos, a no ser que cambien las condiciones de escolarización por las que les fueron concedidos. El segundo hecho es de cariz político, pero quizá es lo que ha impulsado a los socios de Gobierno a dar el paso: "Nunca antes la escuela pública ha sufrido un ataque sin precedentes como el que va a ejecutar el Ministerio de Educación. La nueva reforma educativa [en tramitación] contiene una apuesta sólida por la privada. La Junta debe blindar la pública antes de que ese cambio legislativo entre en vigor, y puede hacerlo ahora, porque la ley dice que es el momento de revisar toda la planificación escolar", explica la responsable de política educativa del PSOE-A, Araceli Carrillo.
PSOE e IU confirmaron ayer, por la vía oficial, las negociaciones que mantienen desde hace un mes con la Consejería de Educación para acometer un cambio en la planificación para el próximo curso, con el objetivo de optimizar los recursos de la pública frente a la concertada. "Esta nueva planificación es consecuencia directa del nuevo Gobierno andaluz de coalición. Para IU es una prioridad absoluta. Antes de plantear cualquier tipo de ajuste en la pública es necesario un replanteamiento de las políticas de concertación. Donde existan plazas públicas suficientes, no se deben concertar centros privados", abundó ayer la portavoz de educación de IU en el Parlamento, Marina Segura.
La consejería que dirige Mar Moreno está elaborando un "estudio de proyección" por zonas sobre "el mayor aprovechamiento y optimización de los espacios en las escuelas públicas". Se trata de detectar los colegios de titularidad pública con espacio para aumentar líneas (cursos). En ese caso, los concertados más próximos perderían aulas a favor de los primeros. El trasvase de niños de unos a otros permitiría aumentar la plantilla de profesores en la pública (1,2 maestros por cada curso de más en Primaria; y 1,6 en ESO). "En Andalucía hemos convivido bien con un equilibrio pública-concertada durante 30 años. Pero ante la apuesta del PP por privatizar la enseñanza, hay que dar un paso adelante", insiste Carrillo. La diputada socialista pide estudiar con calma la nueva planificación, porque "no podemos quitar de repente conciertos sin saber dónde vamos a meter a los niños".
La coordinadora de Educación del PP cordobés, Luisa María Arcas, acusó ayer a la Junta de querer "destrozar" la enseñanza concertada. "Estamos ante el mayor ataque frontal a las familias que está llevando a cabo este Gobierno andaluz radical, fundamentalista y peligroso, atentando directamente contra un derecho constitucional de los padres que es la libre elección de modelo educativo para sus hijos", aseguró.
Patronal // Las patronales concertadas CECE y FERE, que juntas aglutinan a casi todo el sector de la enseñanza privada, replican que Educación no les ha confirmado nada. Por ahora, los Presupuestos andaluces para 2013 prevén el mismo número de unidades concertadas: en 2012 se concertaron 6.590 cursos en Infantil y Primaria, y este año hay 6.590 previstos. El gasto asignado asciende a 314 millones de euros. En Secundaria aumentarán de 3.009 unidades a 3.011. El presidente de CECE en Andalucía, Rafael Caamaño, cree que "legalmente no pueden retirar las ayudas". El requisito para renovar que recoge el reglamento de normas básicas de conciertos es que la ratio media de alumnos del colegio que pide la subvención no sea inferior a la media de la zona escolar donde se ubica. En febrero las Delegaciones provinciales de Educación hacen pública la ratio media por zonas, y así los concertados saben si corren riesgo de perder su subvención. "Ha ocurrido en centros de FP con poca demanda, pero mucho menos en las enseñanzas medias", dice CECE. Caamaño sostiene que la propuesta de PSOE e IU "puede tener lógica política, pero no es legal ni sensata". "¿Cómo vas a quitar aulas al colegio que tiene más demanda para dárselas al que menos matrículas recibe", afirma.
En cambio CCOO y UGT respaldan la medida. "Hay plazas sin cubrir en centros públicos que pueden explotarse, pero también hay que aclarar si existe demanda para esas plazas", dice el secretario regional de CCOO, José Blanco. Los sindicatos afirman que la crisis provocó un movimiento de niños de concertados a públicos. "Muchas familias ya no pueden soportar el coste complementario de la concertada, como el precio del comedor o el material escolar que exigen", dice Blanco. Los sindicatos sostienen que Educación revisó la ocupación de las unidades concertadas el pasado noviembre y detectó un descenso en el número de matriculados respecto a años anteriores, sobre todo en Granda y Sevilla. Esto, sin embargo, no ocurre en los colegios católicos con más demanda en las capitales, donde el número de solicitudes suele exceder a la oferta de plazas.
Durante este mes de enero, los casi 600 centros andaluces tieenn que tramitar la renovación de sus subvenciones. Con la legislación actual, los criterios de planificación escolar que establece la Administración están por encima de otros criterios, como la demanda social. Las patronales concertadas y algunas familias a título personal recurrieron las normas de escolarización en los juzgados, exigiendo más plazas para sus hijos en este tipo de escuelas. El año pasado, el Tribunal Supremo dio la razón a la Consejería de Educación, y sentenció que el derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos no podía superponerse a la ley de oferta y la demanda, y que eran los poderes públicos, en última instancia, los que tenían la última palabra sobre la planificación escolar y el reparto de plazas entre la pública y la concertada. La reforma educativa de Wert vieen a cambiar esta tesis, obligando a la Administración a autorizar todos los conciertos que los colegios privados soliciten, si se determina que hay una demanda social real.
