Los socios de Gobierno, PSOE e IU, han pactado adelantar el debate sobre la reforma de la ley electoral, que estaba previsto para el próximo periodo de sesiones (tras el verano), pero que finalmente entrará en el siguiente pleno del Parlamento. Ambos partidos registrarán conjuntamente una iniciativa para crear en junio un grupo de trabajo que estudie las distintas fórmulas para hacer una ley electoral más proporcional y participativa. Esta medida forma parte del pacto de Gobierno que firmaron PSOE e IU en la primavera de 2012, pero no estaba previsto que se pusiera en marcha hasta después del verano. El portavoz de la coalición de izquierdas, José Antonio Castro, ha explicado que se ha adelantado la creación del grupo de trabajo para que éste planifique cuanto antes todas sus sesiones y comparecientes, de modo que a partir de septiembre el tema entre en velocidad de crucero y la proposición de ley esté lista en el próximo periodo de sesiones. La voluntad política de IU es que la reforma electoral se apruebe en esta legislatura, ha remarcado Castro. De ser así, las reglas del juego democrático habrán cambiado para las elecciones autonómicas previstas en 2016.
Sin embargo, el PSOE condiciona la aprobación de la reforma electoral a que exista un amplio consenso por unanimidad de las fuerzas políticas, es decir, a priori los socialistas no barajan la posibilidad de cambiar la ley electoral sin el voto a favor del PP, que en este momento es el partido más votado en Andalucía (y el que más diputados tiene en el Parlamento). Esto no puede ser la iniciativa política de un solo partido, ha advertido Mario Jiménez, portavoz del grupo socialista, quien ha insistido en que se trata de las reglas del juego de la democracia y por tanto es necesario un acuerdo pleno de los andaluces.
Los socios de Gobierno han elegido un momento extraño para relanzar este debate, cuando compiten por votantes en plena campaña electoral de las europeas del 25 de mayo, y justo después de que el expresidente socialista Felipe González haya sacudido la campaña al proponer una gran coalición PSOE-PP para blindar la democracia ante el envite soberanista de Cataluña, la desafección hacia la política y la Monarquía y el desgaste del bipartidismo que pronostica un futuro Parlamento más atomizado con la entrada de nuevos grupos y el ascenso de los pequeños.
En el último tramo de la legislatura pasada, PSOE e IU aprobaron una modificación de la reforma electoral sin contar con los votos del PP. En aquella ocasión se cambió la normativa para hacer incompatible el cargo de alcalde y diputado, una situación que en ese momento sólo afectaba al PP (tenía 17 alcaldes en el Parlamento). La incompatibilidad de cargos fue recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, y está pendiente de la resolución judicial. El portavoz socialista explicó ayer que ambos situaciones no son comparables, porque la reforma electoral que planteará el grupo de trabajo tendrá carácter estructural, es decir, afectará al principio de representatividad y participación.
Respecto a la fórmula para reformar la ley electoral, IU pretende alejarla lo más posible de la actual Ley d´Hont, porque considera que las circunscripciones tal y como están diseñadas benefician a los partidos mayoritarios en detrimento de los pequeños. Castro recordó que en las últimas elecciones un partido que obtuvo 200.000 votos (UPyD) se quedó fuera del Parlamento, porque no alcanzó el 5% mínimo necesario para obtener representatividad. Eso no puede pasar, apuntó. La coalición de izquierdas entiende que, en el actual contexto de desafección política, no se entendería cambiar la ley para ampliar el número de diputados en el Parlamento, por eso IU presentó en su día una propuesta que modificaba el reparto proporcional de escaños, pero mantenía el mismo número total de diputados (109). Otra de las propuestas que se barajó sí contemplaba un aumento de parlamentarios (Andalucía es proporcionalmente la que menos diputados tiene en relación a su población), pero estaba pensada para que tuviera un coste añadido cero, es decir, habría supuesto redistribuir los salarios de sus señorías entre más miembros, y evidentemente todos cobrarían menos.
La reforma electoral prevista en el pacto, a iniciativa de la coalición de izquierdas, busca modificar las circunscripciones electorales para que a los partidos pequeños no les cueste proporcionalmente más que a los grandes lograr escaños en las provincias menos pobladas, uno de los efectos de la llamada ley Dhont. El objetivo es lograr un reparto del peso electoral más equitativo entre el número de votos que obtiene un partido y los escaños que le corresponden. En la práctica, esto podría suponer que el bipartidismo PSOE-PP pierda fuerza en favor de los pequeños, como IU o partidos que ahora no alcanzan el 5% mínimo de votos para tener representatividad parlamentaria (PA, UPyD, Equo).
