El PSOE siempre había considerado que el exdelegado de Empleo Antonio Rivas y la trabajadora de Mercasevilla Regla Pereira no tenían nada que ver en el caso de las comisiones y así lo ha plasmado en su escrito de calificación de los hechos. Los socialistas sólo implican al exdirector general de la lonja Fernando Mellet y a su adjunto Daniel Ponce para quienes reclaman dos años de prisión, una multa de 18.000 euros y otro tanto como fianza por un delito de estafa en grado de tentativa.
Junto al PP, PA y la Fundación Mercasevilla, el PSOE ejerce la acusación popular y siempre ha sostenido que ni Rivas ni la excoordinadora de proyectos de Mercasevilla habían participado en la supuesta petición de una comisión de 300.000 euros a los empresarios de La Raza para hacerse con la gestión de una escuela de hostelería en el mercado central. Ya en la comparecencia previa del jurado, que se celebró el 23 de diciembre de 2009, el letrado del PSOE, Ángel Prados, sostuvo esta postura.
En su escrito de acusación, Prados recuerda que fue la propia juez Mercedes Alaya, la que reconoció en un auto que contra estos dos imputados sólo existen indicios "débiles", de ahí que el PSOE haya decidido no sentar en el banquillo "dada las gravísimas consecuencias que el mero hecho de acudir como imputados al procedimiento, provoca en la fama y honor de ambos. El letrado llega a afirmar que en estas circunstancias, y tras "una profusa investigación sumarial", "moralmente nos es de todo punto inviable mantener la acusación". "Cuestión de matices y sensibilidad", añade.
En un extenso escrito, en el que el abogado aplaude la actuación judicial y policial, los socialistas aclaran sus diferencias procesales con la juez y con la Fiscalía (que sí acusa a Rivas y Pereira de cohecho), recuerda (en clara referencia al PP) que "no es precisamente el foro judicial donde deben dilucidarse los debates políticos, si se quiere respetar el marco de nuestro Estado de Derecho.
En cuanto a los delitos que imputa a Mellet y a Ponce, el PSOE discrepa con la Fiscalía, ya que no cree que se les pueda considerar a ambos como funcionarios, requisito para que les pueda ser imputado un delito de cohecho. Con este razonamiento, y debido a que la comisión no se llegó a entregar, califican los hechos como un delito de estafa en grado de tentativa. Así, les reclama dos años de prisión (la Fiscalía pide multa de 900.000 euros y 21 meses de inhabilitación para cargo público), multa de 18.000 euros y otros 18.000 euros de fianza.