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PSOE, PP e IU votaron en 2005 a favor de la operación ahora investigada por la juez en Mercasevilla

La juez ha dividido la investigación del caso Mercasevilla. Por un lado, el supuesto de cobro de comisiones y las subvenciones de la Junta. Por otro, la venta del suelo de Mercasevilla. Los criterios de esta segunda operación pasaron por el Pleno. Todos los partidos votaron a favor.

el 16 sep 2009 / 08:36 h.

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La juez ha dividido la investigación del caso Mercasevilla. Por un lado, el supuesto de cobro de comisiones y las subvenciones de la Junta. Por otro, la venta del suelo de Mercasevilla. Los criterios de esta segunda operación pasaron por el Pleno. Todos los partidos votaron a favor.

Tras las declaraciones de los técnicos que elaboraron el pliego de condiciones que permitió la adquisición por parte de Sando de un derecho de opción de compra sobre el suelo de Mercasevilla por 107 millones de euros, la juez decidió imputar al vicesecretario general de la empresa Jorge Piñero. En las declaraciones se apreciaron irregularidades, principalmente dos: que se optase por la fórmula del concurso público, en lugar de la subasta, y el baremo de puntuación establecido que permitió que una oferta mejor fuera excluida y ganase la de Sando.

A partir de ahí todo el proceso se cuestiona. Los técnicos dijeron que la decisión de realizar un concurso público partió de la dirección política de Mercasevilla, incluso en contra de los criterios de Fernando Mellet, según aquella declaración. Así fue, se votó en comisión ejecutiva. Pero después pasó por el Pleno del Ayuntamiento, en el mes de noviembre de 2005. Allí se argumentaron los motivos del concurso, se plantearon algunos de los requisitos que se habían exigido y quedaron a disposición de todos los partidos los informes existentes. Todos dieron su respaldo unánime a la fórmula -los detalles de la adjudicación se establecieron luego con estas bases políticas- del concurso público basada en los criterios de Jorge Piñero. Así se recoge en las actas consultadas por este periódico. Constantemente se hace alusión a los informes de Jorge Piñero, ahora imputado.

La propuesta aprobada con los votos de PSOE, IU, PP y PA recogía lo siguiente: "Tras el análisis de varias opciones y una vez emitidos los informes jurídicos, económicos-financieros y urbanísticos necesarios se propuso y se aprobó por unanimidad la propuesta de opción de compra que, según informe del secretario general del Ayuntamiento, se realizará con concurso público".

Fue Gonzalo Crespo, entonces vicepresidente de Mercasevilla, quien explicó los detalles de este acuerdo: "Se han pedido informes económicos externos para la fijación del precio, y también al interventor para cuestiones de tipo procedimental. Se han hecho consultas al abogado del Estado y al vicesecretario del Consejo -Jorge Piñero- para los temas de implicaciones civiles y mercantiles de la operación". Y continúa en su intervención: "Se han pedido informes al secretario general del Ayuntamiento sobre los métodos a utilizar para la operación, y al final, tras un prolijo trabajo, se ha llegado a la conclusión de que la mejor forma era el concurso público a pesar de que el informe del secretario no exigía taxativamente que así fuera puesto que bastaba la concurrencia y publicidad".

Incluso se introducen elementos que posteriormente serían cuestionados: "En la valoración de las ofertas se van a tener en cuenta aportaciones importantes como las obras del nuevo recinto, la colaboración con la Fundación Mercasevilla o la mejora del precio de salida". La segunda de estas propuestas fue incluida -Sando ofreció 30.000 euros anuales en cinco años-. La tercera, la mejora del precio, quedó finalmente excluida. Todo lo contrario, tras aprobar esto el Pleno se introdujo una cláusula que limitaba el precio de las ofertas y que supuestamente permitió que Sando lograse la adjudicación de los terrenos.

Pero se introduce un matiz: se justifica el precio de salida. "Se han pedido tres informes técnicos a empresas avaladas y homologadas por el Banco de España. El precio -107 millones de euros- responde al del mercado, porque no hemos querido entrar en especulaciones". Precisamente, en sus declaraciones, uno de los elementos que introdujeron los técnicos es el precio máximo de la concesión y la opción del concurso público se aprobó con el objetivo de evitar especulaciones.

El PSOE defendió esta propuesta que salió aprobada por unanimidad y sin el mínimo atisbo de dudas. Especialmente en el caso del PP. Así lo recogen las actas, que atribuyen estas palabras a Dolores Meléndez: "La concejal del PP vota favorablemente y expresa la satisfacción de su grupo por llegar a este acuerdo por unanimidad de todos los que conformar la Corporación. La misma satisfacción que mostraron el PA y Antonio Rodrigo Torrijos, actual portavoz de IU: "Es una operación que no despatrimonializa la empresa sino que le da garantías de liquidez para que el traslado se produzca sin coste alguno para el Ayuntamiento. Le permite la fluidez y el abordaje de determinadas modificaciones necesarias en la estructura de la empresa".

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