El PSOE resucitó ayer la estrategia del "cazador cazado" en el caso de los ERE que esgrimió tras conocerse que uno de los expedientes en el que se detectaron irregularidades, el de Minas de Riotinto, fue suscrito por el Gobierno central, entonces del PP. Lo hizo al trascender que el bufete del suegro de Arenas, Manuel Olivencia, asesoró a la Junta sobre la externalización de servicios en Santana y que su informe fue pagada con fondos de la partida destinada a empresas en crisis cuyo uso irregular y falta de control investiga la jueza Mercedes Alaya, tras la aparición de falsos prejubilados en los ERE subvencionados con este fondo.
El portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, instó a Arenas a "explicarse" porque tiene "la boca muy grande" y se ha dedicado a "injuriar y a calumniar" y a poner en cuestión todo el fondo. Para Jiménez, el líder popular ha quedado en "evidencia" y ha hecho "el más espantoso de los ridículos", al poner en cuestión toda la partida para empresas en crisis y denunciar que los beneficiarios de los expedientes "eran del PSOE".
La réplica desde el PP vino de la portavoz parlamentaria Esperanza Oña, quien acusó a los socialistas de "no tener escrúpulos" al intentar comparar a un jurista "de prestigio" como Olivencia que tiene uno de los bufetes "más importantes" de España con los 72 intrusos y 111 prejubilados irregulares hallados en los expedientes y con comisionistas "de poca monta" -en alusión al hijo de Chaves.
Oña defendió que el bufete del suegro de Arenas fue contratado para hacer un informe de asesoramiento mercantil a través de un concurso público "impecable" y que ganó en libre concurrencia con otros despachos. Presentó la minuta y cobró (120.000 euros). Sobre el hecho de que el dinero procediera de la partida de los ERE, señaló que no compete al bufete fiscalizar el origen del dinero con el que la Junta paga.
