En mayo de 1938, el gobernador civil de Almería, Eustaquio Cañas Espinosa, nombrado unos meses antes para el cargo por el Gobierno de la II República, autorizó el traslado de unos trescientos presos políticos almerienses al campo de trabajo de Turón, en la linde de la provincia de Granada. Noventa de estos inocentes fueron salvajemente asesinados después de haber pasado toda clase de vejaciones.
La Cruz Roja denunció el hecho ante la opinión pública internacional y lo calificó de genocidio.
No se tiene noticia de que el juez Garzón haya incluido en su relación de criminales contra la Humanidad a este gran responsable del asesinato de cerca de un centenar de personas, cuyos delitos no eran otros que pertenecer a los partidos de derechas, ir a misa o leer el ABC. Como tampoco se sabe que esté persiguiendo la memoria de Juan del Aguila Aguilera, autor material de decenas de asesinatos en 1936, entre ellos los de los obispos de Almería y de Guadix, Diego Ventaja y Manuel Medina Olmos. Sirvan estos datos de pista al aventajado juez para que amplíe su auto de detención contra quienes cometieron tales atropellos en nombre del Gobierno.
Los españoles respetuosos de los derechos humanos y de las normas de convivencia en democracia no podemos entender que por la autoridad judicial se persiga solamente a los de un bando y se deje fuera a responsables gubernamentales como el tal Eustaquio Cañas, cuyo sólo nombre ponía los vellos de punta a nuestros mayores en la Almería de mi infancia. Nunca he dudado que Franco, Queipo o Yagüe pasarán a la historia como asesinos, pero no alcanzo a comprender por qué el juez Garzón se olvida de los pistoleros del otro lado que en el ejercicio de la autoridad que les confería el Gobierno republicano eran capaces de aligerar las atiborradas cárceles almerienses enviando inocentes al martirio.
Baltasar Garzón anda buscando desde hace años el Premio Nobel de la Paz, y hay que reconocerle méritos incuestionables como el de haber detenido y procesado a uno de los mayores criminales de nuestros días, el general Pinochet. Pero de ahí a convertir su Juzgado en una gran inquisición general, como acertadamente ha dicho el fiscal Javier Zaragoza, media un abismo.
El prestigio que ante muchos demócratas logró con el caso Pinochet lo está empañando ahora con esta carrera circense que ha emprendido y para la que él mismo se hace trampas en el solitario.
Volveré a creer en el sentido de la Justicia de Garzón cuando complete su auto de exigencia de responsabilidades durante la Guerra Civil con los cientos de agentes del Gobierno de la II República que, como en el caso paradigmático de Cañas, se fueron de rositas sin responder de los horribles crímenes de los que fueron responsables.
A ver si de una vez le dan el Premio Nobel de la Paz a este juez parcial y atrabiliario y podemos volver al espíritu de la transición y de la reconciliación entre los españoles.
Periodista
gimenezaleman@gmail.com
