Causan una cierta extrañeza las acciones del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, en torno a la Torre Pelli. Desde antes de la campaña electoral ha extendido halos de sospecha sobre la legalidad de la licencia urbanística concedida a Cajasol Banca Cívica para la construcción de un rascacielos al sur de la Cartuja. La semana pasada, su delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, despejó esas dudas al ratificar la escrupulosidad de la concesión de la licencia. Pero el que esta ratificación contara con todos los permisos correspondientes no ha impedido que el alcalde siga insistiendo en extender dudas sobre su construcción y sobre la indemnización que habría que pagarle a Cajasol (unos 200 millones) si se paraliza la obra para que no afecte a la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la Catedral, el Archivo de Indias y el Alcázar. De hecho, ha pedido a la Junta y al Gobierno Central que le digan qué dinero destinarían para pagar esta indemnización a sabiendas de que ninguna de estas dos Administraciones tendría que acometer ese pago. Se echa en falta más claridad en torno a este asunto. Es sabido que Juan Ignacio Zoido nunca se ha mostrado partidario de la construcción de la torre. Pero ahora, ya como alcalde, no puede mantener una actitud confusa en la que convive el reconocimiento de la legalidad de la obra con mensajes continuos en los que muestra sus dudas sobre su futuro. Si tiene tan claro que no quiere el rascacielos, debe ser más claro ante la opinión pública y exigirle a Cajasol que negocie con el Ayuntamiento una reducción de la edificabilidad o, si es menester, que abandone el proyecto. Zoido sabe que no puede transgredir el principio de seguridad jurídica atropellando los derechos de Cajasol, pero sí que puede negociar, si lo considera, con esta entidad. Lo que no tiene sentido es que abandere confrontaciones tan forzadas sobre supuestas indemnizaciones o que siga extendiendo tal reguero de sospechas.
