El futuro del Betis B es una incógnita. Descendido matemáticamente a Tercera División, el filial heliopolitano dependerá de la compra o no de una plaza en Segunda B para continuar en la categoría de bronce. Su permanencia o no se basará en un artículo del Reglamento General de la Real Federación Española (RFEF), el 194, y en miles de euros. En el caso de que haya descensos por impago, extremo probable por la calamitosa situación de los clubes, la prioridad de ocupar una vacante es para los clubes de Tercera de la misma federación autonómica del descendido. Luego para un descendido deportivamente de Segunda B de la misma federación que el deudor -en este caso el Betis B si el moroso es andaluz-. Y, si en caso de no coincidir ningún extremo, ocupará la vacante el equipo de Tercera de las federaciones de ámbito autonómico que integren el grupo de Segunda B -Grupos IX y X de Tercera si el descendido es andaluz- y, en caso de seguir sin dueño, el equipo descendido de Segunda B de las federaciones de ámbito autonómico que integren el grupo. En clave económica, el precio de la compra dependerá de varios factores. Según reza el Reglamento General, los repescados serán equipos de Segunda B de pleno derecho cuando satisfagan la cantidad que la RFEF establezca. La cifra a abonar se resolverá con la suma de la cantidad fijada como deuda por la Comisión Mixta de la AFE y la RFEF -impago a jugadores y cuotas federativas-, más las cantidades adeudadas a técnicos, con resolución federativa firme. La cantidad resultante se dividirá entre el número final de clubes descendidos por los impagos. Una vez fijado el importe a satisfacer por cada vacante, y antes de los tres días siguientes a la resolución de descenso, la RFEF emitirá circular a fin de que los clubes interesados manifiesten su interés en cubrir la vacante en los tres días siguientes. Además, la RFEF pedirá un aval de 200.000 euros a los clubes participantes como señal y con el fin de garantizar su liquidez en el pago de las mensualidades a técnicos y jugadores.
