El informe sobre vivienda y comunidad gitana elaborado por el Ministerio de Vivienda y la Fundación Secretariado Gitano revela que en estos años se ha avanzado en la integración y normalización de la comunidad gitana. Si hace 15 años el 32% de los gitanos que residían en Sevilla lo hacían en chabolas o viviendas sin las mínimas condiciones de salubridad, hoy son ya el 90% quienes viven en un piso cumpliendo los normas elementales de socialización, incluido el pago de la comunidad de propietarios.
La reducción de 20 puntos en 15 años del nivel de infraviviendas indica que se han hecho muchas cosas, pero la sonrojante realidad de asentamientos chabolistas como el del Vacie en Sevilla y otros muchos dispersos por la provincia nos recuerdan a diario que hay trabajo por hacer. En ese sentido, experiencias como la del comisionado para el Polígono Sur, Jesús Maeztu, resultan esperanzadoras. Aunque no se puede trabajar con plazos, es evidente que en los barrios conflictivos como las Tres Mil Viviendas se está trabajando en la dirección correcta, que dará frutos más pronto que tarde.
La experiencia debe servir a la administración para actuar en otras zonas periféricas históricamente olvidadas como Tres Barrios, Torreblanca, San Jerónimo y otros municipios sevillanos donde la población gitana es elevada respecto a la ratio de habitantes, como Lebrija, Osuna, Alcolea del Río, Brenes, Alcalá del Río o Pruna. En este sentido, la integración en un entorno laboral, educativo y social resulta fundamental para lograr resultados sobre ese 4% de la población que aún malvive en chabolas.
Sin oportunismos políticos ni medallas interesadas, las administraciones deben trabajar juntas, sabedoras de que se ha avanzado, pero aún es posible hacer mucho más por la integración de la comunidad gitana, que debe llegar a la universidad, a la política y a todas las esferas de la sociedad con igualdad de derechos y obligaciones. Ése es el reto. Y es posible.
