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¿Quién controla las condenas por maltrato?

La Fiscalía de Violencia contra la Mujer alerta en su memoria de actividades de 2007 sobre las dificultad con las qus se topan para controlar la ejecución de las condenas que se dictan por casos de malos tratos en Sevilla. El informe recuerda que las diligencias previasabiertas en Sevilla en este ámbito se duplicaron el año pasado.

el 15 sep 2009 / 11:22 h.

La Fiscalía de Violencia contra la Mujer alerta en su memoria de actividades de 2007 sobre las dificultad con las qus se topan para controlar la ejecución de las condenas que se dictan por casos de malos tratos en Sevilla. El informe recuerda que las diligencias previasabiertas en Sevilla en este ámbito se duplicaron el año pasado.

Sin embargo, y a pesar de que la Ley de 2004 lo recomienda, el Consejo General del Poder Judicial sigue sin especializar un solo juzgado de la capital andaluza en asuntos ligados a la violencia doméstica. No es la única queja. La memoria constata el retraso en la ejecución de las penas que incluyen órdenes de alejamiento, hace hincapié en la ausencia de un sistema informático unificado en el que constaran las penas y medidas de seguridad dictadas y alerta de la falta de herramientas tecnológicas para la protección de las víctimas, hasta el punto de reconocer su "sorpresa" al darse cuenta de que, en Andalucía, las denominadas pulseras electrónicas "no existen".

Por su reiteración, la denuncia de los profesionales de la Justicia sobre la falta de medios para cumplir con su trabajo corre el riesgo de convertirse en un lugar común al que sólo se le echa cuenta cuando una tragedia como la del caso Mari Luz la hace aflorar con toda su crudeza. Por eso conviene atenderla. En este caso, alerta sobre los medios con los que se trabaja en el ámbito de los malos tratos y acerca del destino de tantos anuncios pomposos de los que luego nunca se sabe su grado de aplicación.

Hay que advertir de la gravedad de la denuncia y de la razón que asiste al fiscal general del TSJA, Jesús García Calderón, cuando reclama plazos fijos para la ejecución de las sentencias. Aquí no se trata de que una carretera vaya a terminarse con cuatro años de retraso o de que no haya dinero público para construir un Palacio de Congresos. Aquí se juega con la integridad de quienes han sido agredidos por sus parejas y necesitan del amparo de la sociedad. Si no se garantiza, para qué les sirve entonces la Justicia.

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