El Gobierno de Marruecos aprobó ayer el acuerdo sobre repatriación de menores no acompañados firmado con España y que ha reivindicado especialmente Andalucía. Antes de su aplicación deberá ser aprobado por un Consejo de Ministros presidido por el Rey, ratificado por el Parlamento y publicado en el boletín oficial, trámites que en el acuerdo de pesca duraron casi dos años.
El convenio forma parte del memorando de entendimiento firmado por los Gobiernos de España y Marruecos en diciembre de 2003 y elevado posteriormente al rango de acuerdo durante la VIII Reunión de Alto Nivel hispano-marroquí celebrada en Rabat en marzo de 2007.
En virtud de este acuerdo, anunciado como inminente por el Gobierno español desde septiembre, las autoridades españolas informarán a las marroquíes sobre la entrada ilegal al territorio nacional de menores no acompañados en un plazo de un mes desde su llegada. Las autoridades de Marruecos, por su parte, deberán facilitar en un plazo de tres meses a las autoridades españolas todos los datos sobre la identidad de los menores y de su familia.
Será entonces cuando las autoridades españolas podrán decidir su repatriación, respetando las leyes de España y los convenios internacionales en materia de protección de menores, para que sean integrados en su familia o en centros sociales, que serán preparados en Marruecos con la ayuda de España.
La Junta de Andalucía es una de las administraciones que ha exigido con más fuerza al Gobierno que inste a Marruecos a permitir la repatriación de sus menores que llegan ilegalmente y no acompañados. La Consejería de Igualdad tiene en sus centros unos 1.100 menores inmigrantes acogidos, la mayoría marroquíes. La Junta ha remitido al Gobierno unos 988 expedientes de niños para su repatriación, una vez analizada su situación. Ésta es la última salida. Si cuentan con familiares en España se les ayuda a quedarse.