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Radiografía de la legislatura: Medio Ambiente no es una 'maría'

Medio Ambiente ha ganado peso en el Gobierno autonómico en estos cuatro años de legislatura. Si la oposición le venía achacando que era una consejería maría, el incremento presupuestario que ha experimentado.

el 14 sep 2009 / 21:51 h.

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Medio Ambiente ha ganado peso en el Gobierno autonómico en estos cuatro años de legislatura. Si la oposición le venía achacando que era una consejería maría, el incremento presupuestario que ha experimentado, ligado a las nuevas competencias que ha asumido, dicen todo lo contrario.

Los recursos económicos que gestiona una consejería son un buen indicador de su peso efectivo en el conjunto del Gobierno y de sus posibilidades para desarrollar políticas. En las manos de Fuensanta Coves, la Consejería de Medio Ambiente ha dado un giro importante en esta aspecto en las dos últimas legislaturas. Mirando sólo los datos de la actual, el presupuesto del departamento en 2005 fue de 729 millones de euros y el previsto para el próximo año ascenderá a 1.138 millones, lo que da cuenta de cómo este departamento ha ido ganando entidad dentro del reparto de poder en la Junta.

Gestiona más recursos porque tiene más competencias. En esta legislatura ha asumido el traspaso de las dos cuencas interiores de Andalucía (la Mediterránea, en enero de 2005, y la Atlántica, un año después), los dos parques nacionales (Doñana y Sierra Nevada) y, sobre todo, el acuerdo para la transferencia de las aguas andaluzas de la cuenca del Guadalquivir, firmada a primeros del pasado noviembre y que entrará en vigor el 1 de julio de 2008. Está por definir, no obstante, el importe económico que cederá el Gobierno a la Administración autonómica.

El nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía dedica un apartado exclusivo y específico para el Medio Ambiente. Prueba de que en la estrategia de Manuel Chaves esta área no pasa desapercibida es que, en la campaña del referéndum del nuevo texto autonómico, el presidente prometió la constitución de un panel de expertos que trabajaría en la elaboración de un Plan Andaluz de Acción por el Clima. Este instrumento, que tendrá una vigencia de cinco años (2007-2012), fue aprobado en junio e incluye 140 medidas que afectarán a todas las consejerías de la Junta. La medida, pionera en España, que recibió los aplausos del ex presidente de EEUU y líder en la lucha contra el cambio climático, Al Gore, en su visita a Sevilla entre el 16 y 28 de octubre, tiene aún que resolver dos puntos esenciales: cuantificar la financiación concreta que cada consejería va a aportar a cada una de las medidas y delimitar en qué periodo de tiempo han de estar cumplidas. La oposición ha coincidido en calificar de brindis al sol tal iniciativa.

Si las llamas pusieron a prueba a la Consejería sobre todo al inicio de la legislatura -el incendio que se inició en Riotinto en el verano de 2004 calcinó casi 30.000 hectáreas y en él murió una familia sevillana-, la sequía, que también se inició en 2004, abrió un frente a Medio Ambiente en Málaga. La Administración autonómica decidió aprobar para la provincia un decreto de sequía en noviembre de 2005 a través del cual se recuperaron recursos infrautilizados (depuradora de Marbella) y se articularon medidas para optimizar la gestión del agua. Dos años y dos veranos después, con lo que eso significa para el turismo en el litoral malagueño, los habitantes de la provincia no han tenido que padecer restricciones.

En política de aguas ha habido un punto negro. Esta legislatura debería haberse aprobado la ley de aguas autonómica, sin embargo, la inquietud que generó el borrador del texto en sindicatos, empresarios y regantes denunciaron el carácter recaudatorio del canon que la norma conllevaba (constatado en un dictamen del Consejo Económico y Social), provocó que Medio Ambiente diese marcha atrás y pospusiera la aprobación de la norma para la próxima legislatura. Espera además que el Gobierno central defina la suya.

En un lado más positivo se encuentran los trabajos sobre depuración de aguas, aunque con un claro retraso respecto a los plazos dados por la UE. Desde 2004, la Junta y los ayuntamientos han ejecutado 250 actuaciones en esta dirección y se han adjudicado 51 estaciones de aguas residuales. Las infraestructuras de depuración construidas tienen capacidad para asumir la carga contaminante de más de 10 millones de personas. Teniendo en cuenta que se encuentran en ejecución obras para 1,8 millones de habitantes, apenas quedaría ya ejecutar un 1% de lo programado, todo en municipios muy pequeños. La directiva europea que obligaba a cumplir estas actuaciones se aprobó hace ya 16 años.

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