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Rajoy arregla en dos líneas la cuestión de los regalos a los políticos

En su pacto contra la corrupción pide restar perfil político a la contratación urbanística.

el 20 nov 2009 / 20:33 h.

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Rajoy ya tiene preparado el documento cuya aplicación -según el PP- pondría coto a la corrupción urbanística promovida por políticos. A falta de lo que el presidente de los populares diga hoy en la clausura de la XV Intermunicipal que el partido celebra en Sevilla, el PP distribuyó ayer un "pacto por la transparencia y contra la corrupción" resumido en cinco folios.

Y, de esos cinco folios, sólo dos líneas y media hacen alusión al problema de la aceptación de regalos por parte de los cargos públicos:"Prohibir la aceptación de cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales". Es todo lo que Rajoy, al menos hasta hoy, tenía que decir para contribuir a evitar futuras situaciones como la que ha protagonizado FranciscoCamps en los últimos meses por aceptar 12.000 euros en trajes. En el documento, los populares no concretan si los trajes de Milano entran dentro de los "usos y las costumbres sociales" ni proponen ningún tipo de sanción para quien se salte esta prohibición. Al margen de los trajes, el pacto -que será presentado al resto de partidos políticos- propone dar un perfil más técnico y menos político a los grupos de responsables que eligen a las empresas contratadas para realizar la obra pública. Esto es, "modificar las comisiones regionales y provinciales de Ordenación del territorio y Urbanismo", dando presencia en ellas a representantes de colegios profesionales, del sector empresarial, sindicatos, consumidores... Y, por otro lado, dar la presidencia de las mesas de contratación a un empleado público de carrera. Todo ello, se entiende, con el objetivo de frenar las adjudicaciones movidas por dádivas a políticos, la actuación más repetida por los militantes populares que aparecen en el sumario del caso Gürtel.

Tras meses de polémica por la trama urbanística en Madrid y Valencia, los populares quieren también que se endurezcan las prohibiciones de servirse de contratistas condenados, que se evite el exceso de contratación de servicios ajenos en los ayuntamientos y que se garantice el cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia e igualdad en la contratación. En estos últimos puntos, y en otros muchos, el documento es ambiguo en el sentido de que no concreta cómo se haría efectiva esa garantía -una garantía deseable, presumiblemente, por todos los grupos políticos-.

Tampoco es muy claro el dossier cuando insta a "garantizar la convocatoria de oposiciones para los funcionarios de carrera" hasta la cobertura de todas las plazas o a limitar los periodos de interinidad. Y es que la aplicación de estas propuestas depende el acuerdo al que los populares lleguen con el resto de grupos. Sí será más exclusivo, si finalmente se redacta, el código de buenas prácticas para los dirigentes populares que Rajoy lleva semanas prometiendo. Por lo pronto, la propuesta de pacto contra la corrupción también incluye el compromiso de facilitar la creación de comisiones de investigación y facilitar la actuación del Tribunal de Cuentas . El texto pide "convocar automáticamente elecciones parciales en caso de disolución de una corporación local". austeridad. Sobre los cargos electos, Rajoy llama a hacer públicas las declaraciones de bienes y trasladar al registro los cambios patrimoniales o de actividades de los mismos. En este punto, el documento hace además referencia al ahorro y pide reducir los gastos de protocolo, "racionalizar el uso de vehículos del parque móvil y limitar el gasto en teléfonos móviles, publicidad y viajes", así como hacer austeridad en la gestión económica (el informe no concreta cómo).


El pacto contra la corrupción incluye un punto dedicado al transfuguismo, un tema muy discutido tras la última moción de censura en Benidorm. El PP quiere incorporar al Pacto Antitransfuguismo la prohibición de que los tránsfugas tengan un papel ejecutivo en el gobierno local que surja tras una moción de censura, una propuesta que en principio los socialistas no aceptarían. En definitiva, el texto es toda una declaración de intenciones que tendrá que detallar hoy Rajoy en Sevilla.

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