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Rajoy eleva la tensión al decir que con González

Cada día se escribe un capítulo nuevo sobre las presuntas escuchas ilegales a políticos del PP. Ayer fue el líder popular, que siguió sin aportar nuevos datos, pero echó la vista atrás y recordó que el vicepresidente del Gobierno de Felipe González, Narcís Serra, tuvo que dimitir en 1995 por espiar.

el 16 sep 2009 / 07:25 h.

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Cada día se escribe un capítulo nuevo sobre las presuntas escuchas ilegales a políticos del PP. Ayer fue el líder popular, que siguió sin aportar nuevos datos, pero echó la vista atrás y recordó que el vicepresidente del Gobierno de Felipe González, Narcís Serra, tuvo que dimitir en 1995 por espiar.

Rajoy pidió que "nadie se rasgue las vestiduras" por las denuncias que está realizando el PP contra el Gobierno por lo que consideran una persecución utilizando los medios del Estado y rememoró el caso de Serra y el ocurrido en 1985, cuando, según Rajoy, un juez investigó el espionaje del Gobierno a AP y al PCE.

El líder del PP, en una entrevista a Europa Press, criticó también lo que considera una desigualdad de trato a los militantes populares cuando se les detiene y mostró su preocupación por las filtraciones de los sumarios que afectan a su compañeros de partido y de las conversaciones telefónicas que no se han incorporado a los sumarios judiciales. Rajoy afirmó que estos hechos, las filtraciones de sumarios, las detenciones televisadas o el espionaje a partidos políticos "jamás" se produjeron cuando gobernaba el Partido Popular y reclamó al Gobierno que actúe "como lo hice yo cuando fui ministro del Interior, el señor Mayor Oreja o el señor Acebes: con normalidad, tranquilidad y respetando los derechos de la gente".

Por otra parte, reclamó que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, comparezca en el Parlamento para explicar "cómo está utilizando a la Fiscalía". En este punto, recordó las declaraciones de la vicepresidenta en las que anunciaba que la Fiscalía General recurriría el archivo de la causa contra el presidente valenciano, Francisco Camps.

El dirigente popular reclamó a De la Vega que explique "por qué tiene que recurrir eso la Fiscalía" y se preguntó "quién es ella para darle instrucciones a la Fiscalía sin haberse leído ni siquiera el auto de archivo".

En esta misma línea, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso pidió ayer la comparecencia urgente en la Cámara Baja del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que informe sobre la "persecución a militantes y dirigentes del PP".

A estas acusaciones de los populares el Gobierno no es indiferente. Ayer mismo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo "por segunda vez" un llamamiento al PP "a la responsabilidad y la prudencia", A lo que añadió que "afortunadamente, el Estado de Derecho en España funciona bien, funcionan las instituciones, y todos tenemos que respetarlas".

Algo más contundente fue el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, quien indicó que la actitud del Partido Popular de acusar, sin pruebas, al Ejecutivo de escuchas ilegales es propia de un partido "marginal", y remarcó que la estrategia de la "crispación" de los "populares" está en los "genes" del propio partido y de sus dirigentes.

De forma similar se expresó el presidente del Parlamento, José Bono, quien dijo que tiene la "profunda convicción" de que no hay escuchas ilegales en España. A lo que apostilló que "hay más sonoridad mediática en los ataques y en las descalificaciones que en los contenidos".

Por su parte, el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, señaló ayer que el PP no puede presentar ninguna prueba de las escuchas ilegales a dirigentes del partido reveladas por su secretaria general, María Dolores de Cospedal, porque "son denuncias falsas" y advirtió que las acusaciones que se están haciendo son "muy graves".

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