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Rajoy impone un cerco sobre las regiones más estricto que el europeo

CCAA y ayuntamientos deberán enviar a Montoro sus presupuestos antes de aprobarlos. Multas e intervención a la griega si se incumple el déficit.

el 27 ene 2012 / 21:39 h.

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Férreo control sobre los gastos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos y sanciones si hay incumplimiento reiterado del objetivo de déficit. España será aún más dura con sus propios entes territoriales que la Unión Europea con los países que la conforman.

Así, el anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera obliga a las administraciones a tener déficit cero a partir del año 2020, y hasta entonces estarán obligadas a ir reduciendo sus actuales niveles de déficit y deuda pública para conseguir dicha meta.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que se introduce la deuda como criterio de sostenibilidad presupuestaria (no podrá superar el 60% del PIB). Estado, autonomías y corporaciones locales no podrán incurrir en déficit estructural desde 2020. Este objetivo es más estricto que el que pactaron el pasado verano PSOE y PP con motivo de la reforma de la Constitución para controlar el gasto público, pues contemplaba un déficit estructural máximo del 0,4% del PIB.

Este porcentaje sólo podrá registrarse si las administraciones están desarrollando reformas estructurales que tengan unos efectos presupuestarios a largo plazo o en situaciones excepcionales, y aquí caben catástrofes naturales, recesión económica o una emergencia extraordinaria.

La deuda pública habrá de reducirse siempre que la economía nacional experimente una tasa de crecimiento real positiva. Y cuando se alcance un aumento del PIB del 2% o se genere empleo neto, la ratio de la deuda bajará anualmente como mínimo dos puntos del PIB. El déficit estructural del conjunto de las administraciones se deberá recortar al 0,8% del PIB nacional en media anual hasta llegar a cero en 2020. En 2015 y 2018 habrá revisión médica.

Las administraciones, asimismo, deberán aprobar un techo de gasto, similar al que ya existe para la Administración del Estado y el gasto no podrá crecer más que el PIB. El incumplimiento de los objetivos exigirá la presentación de un plan económico y financiero.

Su misión, corregir la desviación en el plazo de un año. Si éste también se violenta, multa.

Así, la administración habrá de constituir un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses puede convertirse en sanción si se repite el quebranto. Pasados nueve meses, el Ministerio de Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación del ente territorial.

En este punto, Montoro indicó que la visita no será "amable". Sería una forma de intervención de sus cuentas, aunque no de suspensión de las competencias autonómicas. Algo similar a lo que sucede en la Unión Europea con los Estados intervenidos (Grecia, Irlanda y Portugal). Se trata, dijo, de trabajar en paralelo, ver los deberes y hacer los ajustes.

Montoro indicó que la palabra "imposición es exagerada", ya que simplemente busca devolver la estabilidad presupuestaria a la administración incumplidora y matizó que tan sólo sucedería en situaciones "extremas". "No hay que verlo en el sentido agresivo".
Satisfacer los objetivos se tendrá en cuenta para autorizar emisiones de deuda, conceder ayudas o suscribir diferentes convenios, y si se impone sanción a España, será asumida por la administración responsable. Antes de llegar a tales extremos, la norma fija que cada administración informe de las líneas "fundamentales" de sus presupuestos antes de aprobarlos. Por precaución.

Desde Davos, Luis de Guindos, ministro de Economía, reconoció ayer que la ley española será "más estricta" con las comunidades que el pacto del euro con los Estados que lo componen.

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