La mala coyuntura económica es el argumento que ha empleado el nuevo Gobierno para comunicar a los sindicatos que congelará el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2012 y lo mantendrá en los 641,40 euros al mes actuales. A falta de su aprobación por parte del Consejo de Ministros que se celebra mañana, será la primera vez en democracia que el suelo salarial no se revaloriza nada.
El salario mínimo subió apenas un 1,3% en 2011 y entonces quedó fijado en 21,38 euros al día o 641,40 euros al mes y en cómputo anual en ningún caso por debajo de los 8.979,60 euros. Para los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de 120 días, el salario mínimo se situó en 30,39 euros por jornada y para los empleados de hogar la cuantía establecida fue de 5,02 euros por hora trabajada.
A mediados de este mes, CCOO y UGT enviaron una carta al entonces ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, para que el salario mínimo recuperara el poder adquisitivo perdido en 2010 y 2011 y lo mantuviera en 2012, aunque no demandaban ninguna cifra concreta de subida.
Los sindicatos denunciaban en dicha misiva que el SMI había perdido poder real de compra por el "fuerte aumento" del IPC y el "moderado incremento nominal" de este suelo salarial. Según cálculos sindicales, el SMI lo perciben unos 183.000 trabajadores.
El salario mínimo no subió menos de un 4% entre 2001 y 2009, pero experimentó leves aumentos del 1,5% y del 1,3% en 2010 y 2011, inferiores a los incrementos del IPC del 1,8% y del 3,3%, respectivamente, en estos años. El resultado ha sido un retroceso real del poder de compra del 0,3% en 2010 y del 2% en 2011.
En su carta, firmada por los secretarios de Acción Sindical de CCOO y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, los sindicatos ya advertían de que la crisis "no puede servir como excusa para desistir en el objetivo de alcanzar un salario mínimo del 60% del salario medio", es decir, unos 1.026 euros mensuales, tal y como recomienda la Carta Social Europea suscrita por España.
El SMI español es uno de los más bajos de los quince países de la UE que lo tienen establecido en su ordenamiento jurídico con cobertura general, tanto en términos absolutos como en paridad de poder de compra, solo por encima de Portugal.
El Gobierno respondió con otra carta, remitida por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en la que informó a CCOO y UGT de su intención de congelar el salario mínimo interprofesional para 2012 debido a la situación de crisis económica. El departamento que dirige Fátima Báñez pide en su misiva a los sindicatos que den una respuesta, lo antes posible, a su intención de mantener la cuantía del SMI en sus actuales términos.
El Gobierno suele aprobar la revisión del SMI en el último Consejo de Ministros del año, previa consulta con los agentes sociales, y que en este caso se llevará a la reunión de mañana en la que se aprobará, además, el decreto ley de medidas económicas en el que se recogerá el primer ajuste del gasto para contener el déficit.
El secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, criticó la intención del Gobierno de congelarlo y le pidió que "reflexione" y no siga adelante con una decisión "que castiga a las personas que se encuentran en peor situación".
Tanto él como su homólogo en UGT remitieron una carta a la aún secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, en la que "rechazan" esta propuesta, pues supone una nueva caída real del salario y una mayor pérdida de su capacidad de compra, ya que los precios subirán un 1,6%.
Ambas centrales recuerdan que el SMI ha ido perdiendo peso sobre el salario medio a partir de 2007, fecha en la que alcanzó su mayor peso relativo (41,5%), y que ha caído progresivamente desde hasta el 41% en 2010 y 2011.
Así, plantearon, con el fin de evitar continuas pérdidas del poder adquisitivo de esta renta, la reforma del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores para asentar sobre nuevas bases la determinación anual del SMI.
También se unió a las críticas el exministro de Trabajo Valeriano Gómez, que expresó en el Congreso su "profundo desacuerdo" con la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de congelar "por primera vez en la historia" el salario mínimo porque se trata de una decisión "regresiva, injusta" y "ni mucho menos razonable", pues desde 2004 el sueldo mínimo no condiciona el gasto público.
El antecesor de Fátima Báñez estimó que la medida, que afectará a 1,5 millones de personas con los sueldos más bajos, demuestra que el PP "vuelve a imprimir una política de recorte", y recordó que con los gobiernos de José María Aznar el poder adquisitivo cayó en un 5,5%, frente a los 17 puntos que ganó con José Luis Rodríguez Zapatero.
Sin puente de Todos los Santos y la Virgen de agosto
Patronal y sindicatos tienen prácticamente cerrados acuerdos sobre la reorganización de los festivos, las solución extrajudicial de conflictos, mutuas y absentismo y formación de cara al 7 de enero, fecha en la que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiere tener una base consensuada para la reforma laboral que pretende aprobar antes de marzo.
Sin embargo, las cuestiones relacionadas con las modalidades de contratación o el pacto de moderación salarial siguen lejos del acuerdo, por lo que las fuentes ven "factible" que solo haya para Reyes un acuerdo parcial.
Sobre los festivos, las partes habrían pactado trasladar Todos los Santos (1 de noviembre) y la Asunción de la Virgen (15 de agosto), si bien las discrepancias estarían entre el día de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y la Constitución (6 de diciembre). En cualquier caso, una y otra fecha supondrían acabar con el macropuente de diciembre. La patronal quiere que el cambio opere ya desde 2012.
Los agentes sociales han partido del Estatuto de los Trabajadores que establece cuatro festividades que no se pueden tocar: el primero de mayo, Navidad, Año Nuevo y el Día de la Hispanidad.
Cataluña recurre al crédito para poder pagar la extra
Los empleados públicos de la Generalitat cobrarán entre hoy y mañana el 20% de la paga extra de Navidad que no habían cobrado -70 millones-, después de que el Govern obtuviese ayer un crédito del Banco Sabadell. Así lo anunció el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, quien puso su cargo a disposición de Artur Mas por este desbarajuste, el mismo día en que los empleados públicos cobraron el 80% de la paga extra, abonado con una semana de retraso ante los problemas de tesorería. Mas-Colell precisó que se ha logrado "no retrasar" ningún pago a los proveedores más allá de lo previsto y pidió que sea el Gobierno central quien avale la deuda que emitan las comunidades.
