Una verdad puede llegar a ser demostrada. Una mentira es capaz de ser rebatida. Pero una media verdad combina las dosis justas de realidad y mitología como para hacerse inmune a su antídoto. En los últimos días, algunos sectores del PP, capitaneados por Esperanza Aguirre, y el entorno mediático del Gobierno están recriminando a Mariano Rajoy que se haya rendido en la lucha contra la crisis. Sostienen que todavía quedan partidas por las que asestar hachazos al gasto público y en su diana sitúan, como la gran reforma pendiente, la Administración. Alegan que la función pública es hoy un ostentoso sumidero de cargos, salarios, organismos y trabajadores que disparan los costes de forma indiscriminada. Y apuntan a las comunidades autónomas como las principales despilfarradoras y responsables de una de las palabras de moda: las duplicidades. Pero los datos demuestran que la poda del sector público es la principal vía por la que han optado los gobiernos para cumplir con el déficit. Y antes del 30 de junio sabremos por dónde cercena Rajoy otros 8.000 millones de euros. El Gobierno quiere adelgazar una Administración que presenta su mayor delgadez desde hace ocho años. Según la última Encuesta de Población Activa, en España hay ahora 2.845.800 empleados en el sector público. Solo en el primer trimestre del 2013 se han destruido 71.400 puestos de trabajo, que se suman a los 374.800 perdidos desde el tercer trimestre del 2011. Uno de cada cuatro empleos recortados el año pasado correspondió a la función pública. DESTRUCCIÓN ACELERADA. Aunque en números absolutos se perdieron menos puestos de trabajo entre las administraciones y las empresas públicas (218.900) que en el sector privado (631.500), el ritmo de destrucción de empleo fue más intenso entre los primeros (-6,98%) que entre los segundos (-4,3%), una tendencia que se va intensificando trimestre a trimestre. Ciertamente, las autonomías representan la mitad del empleo público (1.580.500 personas), mientras que el Estado solo mantiene el 21,7% (504.800). Pero, como reflejo de la descentralización competencial, si bien más de la mitad de los funcionarios estatales (282.083) desempeñan labores administrativas o prestan sus servicios en entes públicos, el 83% de los funcionarios autonómicos (1.121.436) corresponden a sanidad, educación y justicia. Sin embargo, el cinturón no se ha ajustado en la misma proporción, pues la mayor parte del recorte lo han sufrido los ayuntamientos, con un 15% menos (98.200) desde octubre del 2011. Las comunidades han reducido un 13% de personal (226.800), mientras que el Estado apenas se ha adelgazado un 7% (40.900). El cóctel que forman la recesión, los tijeretazos al presupuesto y la reforma laboral se ha cebado especialmente en los interinos. Las autonomías despidieron a 17.336 interinos entre julio del 2011 y agosto del 2012, aunque no todas lo hicieron con la misma intensidad. En Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal decidió prescindir del 53% de su personal interino, mientras que otros territorios aumentaron su plantilla. Haya más o menos, todos han visto recortado su jornada y su salario en porcentajes que alcanzan el 15%. Valga como ejemplo Cataluña, pionera en los recortes en el sector público. El Gobierno de Artur Mas propinó el gran hachazo en el 2012: 47.344 trabajadores menos. Lo que no ha cambiado pese a los ajustes es la gran desigualdad en la ratio de funcionarios por población. Cataluña tiene la más baja: 4,2 por cada 1.000 habitantes. La más alta, si exceptuamos Ceuta y Melilla, está en Extremadura: 7,9 por cada 1.000 personas. Le siguen a gran distancia, Castilla y León, Aragón, Madrid y Murcia. En todas gobierna el PP, el médico que ya prepara la enésima dieta.
