El próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha consagrado su política de máxima disciplina presupuestaria, pues sólo aumentará el gasto en pensiones y dejará todas las demás partidas "susceptibles" de ser reducidas. Esta "tarea nacional" tiene un coste, según sus cálculos: España debe ahorrar en 2012 un total de 16.500 millones de euros para lanzar al mundo el compromiso de que el déficit del 4,4 por ciento del año que viene se cumplirá.
El líder del PP ha ofrecido un discurso de investidura sin sorpresas, y de hecho no ha desvelado siquiera la estructura del que será su Gobierno, pero al menos ha dado algunos anuncios, como la supresión de los puentes o la cancelación de la reposición de personal en el sector público. También ha concretado los plazos de sus prioridades. La esencial, una nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria acorde con la reforma constitucional contra el déficit descontrolado, llegará a la Cortes el próximo mes de enero, al igual que el Decreto de Medidas Urgentes que aprobará el Consejo de Ministros del 30 de diciembre. Debido al "vacío legal y a la inseguridad jurídica" que crea la falta de Presupuestos, Rajoy quiere consolidar cuanto antes su modelo económico de disciplina total en el gasto, y lo hará por medio de este decreto que actualizará las pensiones a partir del 1 de enero tal y como el Partido Popular había prometido durante la campaña electoral.
El próximo presidente ha asegurado que éste será "el único compromiso de aumento del gasto" que efectuaría en la jornada de hoy, algo que ha remachado poco después: el "único y exclusivo". Porque todo lo demás es "susceptible de una reducción a la baja", en palabras del líder de los populares, para quien el Gobierno hará "un análisis pormenorizado de todas y cada una de las partidas de los Presupuestos" con el fin de garantizar que "no se gastará un euro de más".
Siguiendo con los plazos marcados por Rajoy, las primeras cuentas públicas del Gobierno del PP estarán listas antes del 31 de marzo del año que viene. A lo largo de esos primeros tres meses, el nuevo Ejecutivo llevará al Congreso una ley de independencia de los organismos reguladores, otra de apoyo a los emprendedores, la renovación del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo y de RTVE; una norma de transparencia y buen gobierno y la reforma laboral. De las bases de esta última reforma ha hablado ya Rajoy con los sindicatos y con la patronal, y a la espera de que lleguen acuerdos o algunas propuestas en la primera quincena de enero, el líder del PP ha desgranado sus líneas maestras, entre ellas la supresión de los puentes y la idea de desplazar los festivos a los lunes más cercanos.
La modernización de la legislación laboral, que incluiría además la eliminación de las prejubilaciones, habrá de estar ultimada en el primer trimestre de 2012. Para más adelante, para el verano, ha aplazado la culminación de la reforma del modelo financiero, que se encarrilará por la vía de las fusiones y no tanto por la del "banco malo", de cuya creación no ha dicho nada.
Rajoy, que ha comenzado su intervención con un recuerdo a las víctimas del terrorismo, ha subrayado que la "contundente victoria" del 20-N ha llamado a su partido a escribir "una página nueva en la historia de la democracia". Sin bien la ventaja electoral permite al Gobierno próximo actuar conforme a sus propios ritmos, el líder del PP ha solemnizado que sus objetivos fundamentales, recuperar el crecimiento económico y frenar la destrucción de empleo, los acometerá desde el diálogo con todos, sin excepción, y diciendo "la verdad", llamando "al pan pan y al vino vino".
Posteriormente ha resumido el diagnóstico de la situación actual, caracterizada por un paro lacerante, el descenso de la actividad económica, una renta que se desploma, un déficit y una deuda que aumentan, unos niveles de consumo apáticos y una confianza "en niveles alarmantes". Su "ejercicio de masoquismo" al describir la coyuntura lo ha dulcificado luego con apelaciones a las "fortalezas" de los españoles, y justo después ha declarado su voluntad reformadora. Reformas que afectarán a la educación -bachillerato de tres años-, a la simplificación de la Administración, energía, justicia, o sanidad. El trabajo se prevé "arduo", pues "el empeño sobrepasa las posibilidades de cualquier Gobierno", y el escenario no tendrá "halagos ni lisonjas", ha dicho. Rajoy ha sentenciado: "Yo no he llegado a este momento para cosechar aplausos, sino para intentar resolver problemas".
