El exdiputado del PSOE-A, imputado como asesor de la Consejería de Empleo, Ramón Díaz, ha defendido este martes su "más absoluta inocencia" ante los hechos que se le imputan en relación al caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), insistiendo en que, durante los años en que trabajó en el departamento del ramo, sus actuaciones se produjeron "bajo el paraguas de la legalidad"
Así se ha pronunciado Díaz durante su intervención en la comisión de investigación creada en el Parlamento , en la que, tras leer un comunicado, se ha negado a responder a las preguntas que los distintos grupos parlamentarios iban a formularle, argumentando que, al estar inmerso en un proceso judicial, su defensa le recomienda que no declare.
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación de este caso, dictó un auto el pasado mes de junio en el que imputaba a Ramón Díaz, al que atribuía una "activa participación" en la inclusión de intrusos en los expedientes de Calderinox, Saldauto y A-Novo.
Si bien, Díaz comenzaba su intervención asegurando que comparecía en el Parlamento por la "obligación" que tiene como ciudadano, "y siempre con el deseo de colaborar con esta institución". "Comparezco ante la petición que se me cursa, supongo que en calidad de haber prestado mis servicios en la Consejería de Empleo", ha añadido.
El exdiputado socialista, que ha asegurado que "soy o debo ser la persona con menos responsabilidad política" de cuantas han sido citadas para comparecer, ha subrayado que ello se debe a que es la persona "con menos capacidad institucional, por cuanto siempre he carecido de poder de decisión en el desarrollo de mis funciones, en relación a los ERE y ayudas sociolaborales. Díaz ha explicado durante su discurso que en octubre de 2005 comenzó su trabajo como asesor en la Dirección de Trabajo de la Consejería de Empleo, "con el firme compromiso, en primer lugar, de trabajar contra la siniestralidad laboral, muy acuciante en esos momentos, y en segundo lugar, en pro del mantenimiento del empleo y de conseguir condiciones de vida digna para los trabajadores expulsados del mercado".
Tras indicar que estuvo en este puesto hasta noviembre de 2009, realizando sobre todo "asesoramiento en materia laboral", el compareciente ha querido dejar constancia de que, hasta la fecha, tiene 42 años de cotización en la Seguridad Social y que sólo tres de ellos se corresponden con cargos institucionales.
"Todo el trabajo y todas las funciones que desarrollé en esos cuatros años, estuvieron sometidas al respeto a la legalidad y a las normas vigentes", ha manifestado el exasesor de la Consejería de Empleo, quien ha apuntado que en dicho periodo fueron "cientos" los conflictos laborales que se produjeron y que algunos concluyeron con acuerdos que permitieron el mantenimiento de "miles" de puestos de trabajo.
En esta línea, Díaz ha dicho que en el desarrollo de sus funciones, siempre colaboró para obtener el "mejor resultado" para los trabajadores, destacando que han sido más de 10.000 los beneficiaros de expedientes de regulación de empleo (ERE), "de lo que nunca se habla, habiendo calado la injusta relación entre fraude y ERE".
Ha explicado que comparece en esta comisión estando inmerso en un proceso judicial, con un sumario de más de 200.000 folios. En su opinión, ha sido imputado por el mero hecho de haber sido asesor en la Consejería de Empleo, "sin que se haya podido demostrar hasta el momento ningún hecho delictivo contra mi persona".
"Por expresa petición de mi defensa no me someteré a las preguntas", ha afirmado Díaz, quien ha dicho que cuando se sustancie el proceso judicial, no tendrá "ningún problema" en volver a sentarse en esta comisión y contestar "a todas y cada una de las preguntas". Además, ha dicho no tener inconveniente en que la Presidencia se las envíe por escrito, "y ya veré si las puedo contestar".
Díaz, que ha lamentado que algunos medios de comunicación le hayan culpado "a priori", lo que supone, "un atropello" de su derecho a la presunción de inocencia, ha subrayado que ello ha significado un "daño" a su vida laboral y también a su entorno familiar.
Ha concluido su intervención mostrando su "absoluto respeto y colaboración" con la justicia y manifestando que tiene que "la conciencia tranquila". Ha dicho esperar que este proceso concluya "cuanto antes" para que las personas e instituciones involucradas puedan recuperar "su sitio" ante los ciudadanos y la sociedad andaluza.
Los miembros de la comisión de investigación suspendieron de manera momentánea la sesión, al término de la intervención de Díaz, para debatir sobre si el compareciente debía permanecer o no en la comisión mientras se le realizaban las preguntas. Finalmente, decidieron que Díaz tenía que presenciarlas, algo que fue duramente criticado por el compareciente, quien en reiteradas ocasiones pidió que se le permitiera ausentarse, tras considerar que había "cumplido".
Díaz se reiteró en que no iba a contestar y añadió que la insistencia de la comisión suponía una "coacción", por lo que se reservaba el derecho de emprender acciones legales. Hubo un momento en el que hizo amago de marcharse, si bien, decidió no hacerlo, después de que el presidente de la comisión, Ignacio García, le advirtiera de que podría incurrir en un delito tipificado en el Código Penal.
Todos los grupos formularon sus preguntas a Ramón Díaz, a excepción del PSOE-A, cuya portavoz, Antonia Moro, dijo que su formación respetaba el derecho de Díaz a no declarar y que, por tanto, le enviaría a la Presidencia de la comisión un cuestionario con las preguntas para que se las remitiera al propio Díaz, tal y como éste había propuesto en su intervención inicial. Si bien, Ignacio García aseguró que dicha posibilidad había sido descartada por la comisión.
En el turno de preguntas de IULV-CA, la diputada Alba Doblas cuestionó, entre otros asuntos, sobre si rendía cuentas al exconsejero Antonio Fernández; qué trabajos realizaba con el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero; si además del ERE de Delphi firmó algún otro; si revisaba los listados de prejubilados en los ERE; si introdujo intrusos; qué relación tenía con Juan Lanzas; por qué se mantuvo el convenio de ayudas entre la Consejería y el IFA firmado en 2001, pese a su vencimiento; o si habría cobrado comisión por la labor de intermediación.
Por su parte, el diputado del PP-A Rafael Salas, que coincidió en la mayor parte de preguntas con IULV-CA, también le cuestionó sobre si conocía los informe de Intervención sobre irregularidades en el procedimiento; si se utilizaba el término 'fondo de reptiles'; si se reunió con el expresidente de la Junta Manuel Chaves sobre las ayudas a la empresa Anovo; quién decidía la participación de las aseguradoras; si recibió indicaciones del exconsejero José Antonio Viera o si era consciente de que las ayudas eran "ilegales".
Ramón Díaz, que quiso tomar la palabra para cerrar la comisión, indicó que las preguntas formuladas "nada tenían que ver con la realidad" y que se habían cumplido sus "peores temores" sobre que algunas de las cuestiones formuladas por los grupos "agredieran de forma brutal" su honestidad, honorabilidad e integridad. "Las preguntas van a causarme un terrible daño porque me veo absolutamente indefenso, al estar inmerso en un procedimiento judicial", ha afirmado Díaz, quien sí ha querido dejar claro que no negoció ninguna póliza de prejubilación.
