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Ramón Díaz niega relación con las prejubilaciones del PSOE

El  militante socialista ha declarado que se ve ve como víctima de una "caza de brujas lamentable y repugnante promovida por el PP".

el 15 feb 2011 / 16:36 h.

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Ramón Díaz, integrante del PSOE que este miércoles se  convertirá en diputado del Parlamento andaluz, ha negado haber tenido  "relación con pólizas de prejubilaciones ni expedientes de regulación  de empleo" durante su etapa como asesor laboral de la  Consejería de Empleo de la Junta y ha criticado la "caza de brujas  lamentable y repugnante" promovida por el PP para "criminalizar" la  política de ayudas sociales y económicas a empresas en crisis. Además  ha anunciado que se reserva la posibilidad de emprender "las acciones  legales pertinentes para preservar mi honor y mi imagen".

En un comunicado remitido a Europa Press, Díaz ha explicado que su  función en el proceso final de negociación que dio lugar al cierre de  la planta de Delphi en Puerto Real (Cádiz) fue "mediar entre empresa  y trabajadores para conseguir un punto de encuentro final", por lo  que su firma aparece en el acta como "asesor laboral", pero ha  querido dejar claro que su labor se limitó a la consecución del  acuerdo relativo "únicamente al cierre de la factoría" sin recoger  "en ningún momento pólizas de prejubilaciones ni expedientes de regulación de empleo en el contenido  del acuerdo".

El dirigente socialista aclara en primer lugar que trabajó como  asesor laboral de la Consejería de Empleo desde octubre de 2005 hasta  noviembre de 2009 mediante una asistencia técnica de la Fundación  Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe) desarrollando  "funciones en el marco de la mediación de las relaciones laborales de  los conflictos que fueron surgiendo en el ámbito de Andalucía y  siempre a requerimiento del director general de Trabajo".

Así, Díaz indica que participó "en la negociación de la  reestructuración del sector azucarero y de la OCM del azúcar en  Andalucía" y en la "coordinación del congreso europeo de sindicatos",  además de acudir a la "intermediación laboral entre empresarios y  trabajadores en los conflictos que finalmente derivaban a la  Dirección General del Trabajo" y de realizar periódicamente informes  de conflictividad laboral en el marco de Andalucía para el consejero  de Empleo e informes de las iniciativas y preguntas parlamentarias  relacionadas con la Dirección General de Trabajo.

El caso de Delphi

En el caso de Delphi, admite su participación en el "proceso final  de negociación que dio lugar al cierre de la planta y al cese de la  actividad productiva, cuando se produjo una reunión en 2007 en la  sede de la Consejería de Empleo donde se alcanzó finalmente un  acuerdo suscrito por la totalidad de los sindicatos presentes en la  empresa, la representación empresarial (General Motors) y los  administradores concursales, en relación únicamente al cierre de la  factoría, en ningún momento, se recogen pólizas de prejubilaciones ni  EREs en el contenido del acuerdo".

Tras subrayar que las indemnizaciones que recoge el acuerdo por  valor de 120 millones de euros "corren por cuenta de la empresa  General Motos como pago a los trabajadores por el cierre de  factoría", Díaz detalla que su "función en este proceso fue la de  mediar entre empresa y trabajadores para conseguir un punto de  acuerdo final", siendo suscrita el acta final, además de las partes  implicadas en la negociación, por el consejero de Empleo, el  viceconsejero, el director general de Trabajo, el delegado de Trabajo  de Cádiz, delegada de Innovación de Cádiz, y él mismo "como asesor  laboral, terminando en ese momento mi relación con este conflicto  laboral, no habiendo vuelto a tocar ninguno de los temas fruto de los  acuerdos que figuran en el acta".

"La inclusión de mi firma se limitó a los términos anteriormente  explicados, es decir, la consecución de un acuerdo que posteriormente  desarrolla la Viceconsejería de Empleo, la Viceconsejería de  Innovación, el gerente de la Agencia IDEA, las federaciones  regionales del metal de UGT y CCOO y la representación empresarial",  añade la nota, que insiste en que "no hay pues ninguna relación con  pólizas de prejubilaciones ni EREs, ni ningún otro instrumento  distinto al objeto expresado posteriormente".

Por todo ello, Díaz sostiene que "el intento de relacionar esta  firma en el acta con una presunta actuación irregular no tiene base  que lo sustente y si alguna persona o representante político intenta  vincularlo, estará intentando una burda y falaz manipulación de los  hechos", por lo que se reserva, en su caso, "las acciones legales  pertinentes para preservar mi honor y mi imagen".

Juicio paralelo

"El PP y determinados medios de comunicación están realizando un  juicio paralelo contra las personas y una causa general contra los  EREs en Andalucía, un instrumento que ha servido y sirve para ayudar  a los trabajadores y mediante el cual, muchas comarcas andaluzas han  logrado mantener su actividad gracias al apoyo de la Junta", critica  el dirigente socialista, que señala que "relacionar a personas sin  pruebas con presuntas irregularidades o simplemente insinuaciones sin  decir nada son una perversión en toda regla y un intento de ataque a  la política de ayudas sociales y económicas a empresas y trabajadores  en crisis"

Tras destacar que "no se pueden descalificar estas políticas de  empleo" y recordar que "más de 6.000 trabajadores han recibido estas  ayudas", Díaz censura la "estrategia del PP" que, a su juicio, "pasa  por hacer sospechosos a toda aquella persona, cargo público o  familiar, que haya intervenido en algún momento en procedimientos  totalmente legales relacionados con los expedientes de regulación de  empleo". 

"Es totalmente reprobable que se intente manchar de esta manera a  personas sin ninguna base legal y que ni siquiera han sido llamados  por ningún órgano policial o judicial. Esto simple y llanamente, se  ha convertido en una caza de brujas lamentable y repugnante", critica  Díaz, que asegura tener "la conciencia tranquila porque mis  actuaciones siempre han sido en el marco de la legalidad y pensando  siempre en los trabajadores andaluces, un objetivo que siempre ha  guiado mi carrera sindical y política".  

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