Rodríguez Pueyo, también empresario y condenado en el caso Arny, está considerado el cabecilla de una banda que en junio de 2008 perpetró el que es considerado por la Policía como "el secuestro económico de mayor duración de los investigados en España" y en el que la víctima permanecía "en peores condiciones". El 18 de junio, tras 16 días de cautiverio, el industrial de Sanlúcar de Barrameda fue liberado en un chalet de Almonte. Por estos hechos hay ocho imputados, entre ellos Raúl Brey, primo del líder del PP, Mariano Rajoy.
En el primer día del juicio, Rodríguez Pueyo lamentó el daño causado al secuestrado al reconocer que su situación durante el cautiverio era "deplorable". Tras negarse a contestar a las preguntas del fiscal -que le pide 28 años de cárcel-, sí respondió a preguntas de su defensa y relató cómo llegó a la "disparatada idea" de secuestrar a Ávila, al que calificó de "víctima propiciatoria".
Declaró que su sociedad hizo de intermediaria con un grupo de Londres, mediante un aval que él mismo falsificó, para la construcción de unas viviendas en Sevilla, en cuyo proyecto participaba también El Pocero, que finalmente se echó atrás. Una vez que la operación inmobiliaria no se pudo realizar y que el grupo londinense descubrió el aval fraudulento, le presionó para que le devolviese el dinero en un "plazo perentorio". Ante esta situación, Rodríguez Pueyo contrató a tres ucranianos para secuestrar a un hijo del Pocero pero "salió mal". Y ante las "amenazas" del grupo de Londres a su familia, se le ocurrió la "disparatada idea" de secuestrar al empresario sanluqueño para sacar dinero para poder financiar después el rapto del propio Pocero "que era más caro".
Una vez relatado el por qué del secuestro, Rodríguez Pueyo, que se confesó "plenamente culpable", indicó que fue perpetrado por tres ucranianos a los que pagó 30.000 euros por cabeza aunque fue él mismo quien lo traslado en el maletero de su coche hasta la finca El retorno, en Almonte, donde estuvo cautivo hasta que lo encontró la Policía. La finca era propiedad de Raúl Brey, director financiero de la empresa de Rodríguez Pueyo, al que éste trató exculpar -como a su hijo y otros tres acusados- al declarar que no quería "saber nada" del asunto.