Es lógico que genere un fuerte impacto en la opinión pública el diagnóstico de los expertos de la fundación de las cajas de ahorros españolas (Funcas) en torno a la pretendida reforma de la Seguridad Social. Su titular más impactante es el que recomienda el retraso de la edad de jubilación a los 70 años para garantizar el mantenimiento futuro del sistema de pensiones español.
Habrá quien considere que si se opta por esta vía para amarrar la financiación de las pensiones se estará retrocediendo en una de las principales conquistas de los trabajadores españoles: el derecho al descanso en la última etapa de sus vidas. Puede ser, pero tampoco habría que demonizar por principio una propuesta como ésta. El firmante de la proposición es Manuel Lagares, catedrático de Hacienda Pública. Y su tesis pivota sobre dos factores que hay que tener en cuenta para anticiparse a lo que puede pasar en este país dentro de un par de décadas. El primero de los puntos se refiere al aumento de la esperanza de vida de los españoles. Si en 1975 era de 73 años, hoy esa misma esperanza de vida se eleva a los 82 y tiende a crecer.
Esta magnífica noticia tiene su reverso en las cuentas del Estado, pues significa que hay que sufragar ese aumento del tiempo de disfrute de las pensiones. Pero es que además se financiará por menos gente de la que ahora contribuye al fondo común, pues si ahora hay un 65% de cotizantes y un 16% de pensionistas, dentro de cuarenta años habrá un 54% de personas que cotizan a la Seguridad Social y un 30% de personas que disfrutarán de ese fondo.
Al final, es una mera cuestión de números. Cada vez habrá más gente con derecho a disfrutar de su pensión y menos personas que financiarán este derecho con sus cotizaciones. Se podrá discutir que la solución al problema pase, entre otros asuntos, por retrasar la edad de jubilación, pero lo que es evidente es que hay que pensar en qué hacer con nuestro sistema de pensiones antes de que el modelo se agote.
