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Reabierta la causa contra el alcalde de Espartinas por la supuesta ampliación ilegal de su casa

el 07 jun 2010 / 13:35 h.

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La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha  revocado el auto del juzgado mixto número uno de Sanlúcar la Mayor  que decretaba el archivo de la causa incoada contra el alcalde de  Espartinas, Domingo Salado (PP), por supuestas infracciones penales  de prevaricación por concesión indebida de licencia y contra los  derechos cívicos a cuenta de una operación urbanística en la que se  incluyó la ampliación de una vivienda de su propiedad, según un auto  recogido por Europa Press y que reabre las diligencias.

La causa, archivada mediante un auto emitido el pasado 9 de  octubre de 2009 por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción  número uno de Sanlúcar la Mayor, parte de una denuncia de la portavoz  del PSOE en el Ayuntamiento de Espartinas, Matilde Marín, quien  advertía de que una "ampliación" de la vivienda del primer edil  contravendría las normas urbanísticas y durante la tramitación del  proyecto el alcalde, según el PSOE, no se había abstenido de votar.

En la denuncia, recogida por Europa Press, la portavoz socialista  relataba que entre 1999 y 2002, diversos vecinos de la urbanización  La Juliana solicitaron sin éxito la adquisición de unas fincas de  titularidad municipal que lindaban con sus viviendas al objeto de  ampliarlas, pero "el Ayuntamiento se negó en todo momento". El propio  alcalde, no obstante, es uno de los propietarios de las viviendas que  se alzan en esta urbanización ahora bautizada como 'Capitán General  Gutiérrez Mellado'.

Pese a que el Ayuntamiento alegaba las normas urbanísticas para  tal denegación, según figuraba en la denuncia, el Ayuntamiento vendió  los suelos a la promotora 'Acimentar SL' en 2003 y aprobó su proyecto  de urbanización, al que siguió un proyecto de parcelación del que  resultaron 40 parcelas. El proyecto urbanístico fue así tramitado por  el Ayuntamiento y, en concreto, la parcela 24 "vio aumentada su  edificabilidad y mejoradas sus condiciones", finca que fue finalmente  "vendida" por Acimentar al propio alcalde por 39.065,79 euros.

El PSOE entendía, así que el alcalde tenía "un interés directo" en  la aprobación de los proyectos reformados entregados por 'Acimentar  SL' al Ayuntamiento, aunque el juzgado mixto número uno de Sanlúcar  archivó diligencias después de que Salado declarase como imputado el  3 de julio.

LA FISCALIA SE ADHIERE AL RECURSO

Matilde Marín recurrió en noviembre de 2009 el auto de  sobreseimiento cosechando la adhesión del Ministerio Público a su  petición de que las diligencias fuesen reabiertas. La Fiscalía, en  ese sentido, solicitaba además que se solicitará a la Dirección  General de Inspección de la Ordenación del Territorio, Urbanismo y  Vivienda que se pronunciase en cuanto a la "legalidad de lo  construido y lo denunciado", toda vez que el recurso de apelación del  PSOE advertía de que la licencia de obras que el alcalde "se auto  concedió el 30 de junio de 2006 es de fecha anterior a la supuesta  junta de gobierno que aprobó y concedió" tal licencia, remitiéndose a  los informes del secretario y la arquitecta municipal.

El auto de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, fechado  el 21 de mayo de 2010, revoca la decisión de archivar las diligencias  y ordena "continuar la causa para agotar la investigación", por lo  que ordena además que la Dirección General de Inspección de la  Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda informe sobre las  actuaciones denunciadas y que el alcalde y 'Acimentar S.L.' aporten  el contrato de compraventa de la parcela en cuestión.

Y es que la Audiencia provincial entiende que si bien median  "informes de los técnicos municipales que avalan la actuación" del  alcalde, "no es menos cierto que la obra finalmente ejecutada por el  imputado ha sido objeto de diversas actuaciones del Equipo municipal  que vienen a modificar una previa decisión que perjudicaba los  intereses de aquel", así como que existen "aparentes contradicciones"  en los actos administrativos denunciados.

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