De la rabieta a la violencia física existe una amplia gradación en los trastornos de conducta de los menores. No aparecen de repente y su tratamiento es largo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que afectan al 7% de la población pero el 80% no están diagnosticados. La última encuesta de sanidad revela que 35.000 andaluces lo padecen.
Para que un niño deje de ser considerado simplemente rebelde o conflictivo y se considere que sufre un trastorno de conducta debe haber un diagnóstico profesional que así lo certifique. Los síntomas pasan por la agresividad hacia personas u objetos, el incumplimiento de las normas, la ausencia de límites, fugas de casa o comportamientos sexuales inapropiados para su edad. Y su perfil es cada vez más diverso: la edad media oscila entre los 11 y los 14 años, es más frecuente entre varones y proceden en la misma proporción de familias desestructuradas o de un nivel socioeconómico bajo como de familias tradicionales de clase media-alta.
La detección temprana es clave. "Es más fácil coger a un niño de 7 años que a uno de 14 que tiene un historial de fechorías y nunca se le ha corregido, porque un hábito comportamental es más difícil de cambiar que uno físico", afirma el psiquiatra Carlos Belda, director de un estudio epidemiológico sobre los trastornos de conducta en menores en la Universidad de Almería. Pero los padres suelen sentir vergüenza y culparse por no poder controlar a sus hijos.
Recursos existentes. Aunque han existido siempre, los "cambios sociales" en los estilos de vida, modelos de familia o la exposición a los medios de comunicación han provocado un aumento de casos a los que es preciso buscar "nuevas alternativas terapéuticas", según la coordinadora de la Unidad de Salud Mental Infantil y Juvenil (USMIJ) del Hospital sevillano de Valme, Lourdes Sánchez.
En Andalucía, los menores con trastornos de conducta reciben tratamiento fundamentalmente por dos vías: el sistema sanitario o los servicios sociales. El primero sólo ofrece tratamiento ambulatorio o de hospitalización corta. Los segundos cuentan con centros de internamiento pero sólo para menores que han delinquido o que están tutelados por la administración por negligencia o abandono de los padres, y algunos programas de terapia familiar, en ambos casos concertados con fundaciones y organizaciones.
Existen actualmente doce centros especializados en tratamiento de trastornos de conducta para menores tutelados por la Junta, con unas 150 plazas. Según un informe del Defensor del Menor en Andalucía, atendieron en 2006 a 237 niños. Para entrar en estos centros, los niños deben haber ingresado en el sistema público de protección de menores por vía judicial o por decretarse su desamparo.
En el Servicio Andaluz de Salud existen catorce Unidades de Salud Mental Infantil y Juvenil (USMIJ), con una media de 7.025 consultas por cada 100.000 habitantes. Se completan con hospitales de día (para pacientes que requieren un seguimiento más continuado que el tiempo normal de una consulta pero que van a dormir a casa) y algunas camas en Psiquiatría "para casos agudos, pero no pueden estar más de quince días y un trastorno de conducta no se corrige en este tiempo", explica Lourdes Sánchez. Las USMIJ atienden todo tipo de problemas de salud mental en los menores y adolescentes (brotes psicóticos, esquizofrenia, anorexia o bulimia...) y alrededor del 20% corresponden a trastornos de conducta. Sánchez reconoce que "así como hace unos años hubo un repunte de los trastornos alimentarios y ahora hay menos, es cierto que en los últimos tiempos se detecta un incremento importante en los trastornos de conducta".
El problema radica en menores que no acceden a ser tratados pero cuyos padres no quieren renunciar a su tutela. El último caso saltó a la luz en Córdoba, donde una madre pidió ayuda para su hija, de 13 años y embarazada, que la agredía, se escapaba de casa y se negaba a ir al colegio. Fue trasladada, por prescripción médica y por falta de plazas en Andalucía, a una Unidad de Psiquiatría de Adolescentes del Hospital Gregorio Marañón en Madrid, pionera en este tipo de trastornos pero donde los chicos tampoco permanecen ingresados más de tres semanas.
Prevención. Voces como la del Defensor Andaluz del Menor, José Chamizo, han reclamado que existan centros de internamiento en los que estos menores puedan ingresar sin necesidad de que la familia renuncie a su tutela. La doctora Lourdes Sánchez reconoce que "hay casos que efectivamente requieren un tiempo de internamiento y habría que crear otros recursos", aunque alerta del peligro de la estigmatización si "metemos a todos los niños con trastornos de conducta en una especie de reformatorios". El psiquiatra Carlos Belda también alerta de las "implicaciones legales" que supone el internamiento de niños "que no han cometido delitos" cuando además "hay estudios internacionales que niegan la efectividad del internamiento".
Ambos abogan por incidir en la vía de la prevención ante niños que presenten conductas disociales y por una intervención integral, que implique recursos de Salud, Bienestar Social y Educación de manera coordinada "y no que cada administración cree sus dispositivos", afirma Sánchez.
