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Rechazada la denuncia de Tussam por una "huelga ilegal"

El Juzgado de lo Social número 9 ha desestimado la solicitud de Tussam para la declaración de los hechos ocurridos el 18 de noviembre de 2008 como una jornada de "huelga ilegal encubierta" o una "alteración colectiva del régimen de trabajo"

el 16 sep 2009 / 01:58 h.

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El Juzgado de lo Social número 9 ha desestimado la solicitud de Tussam para la declaración de los hechos ocurridos el 18 de noviembre de 2008 como una jornada de 'huelga ilegal encubierta' o una 'alteración colectiva del régimen de trabajo'. La resolución considera que "no existió una actuación colectiva o concertada" entre los 407 trabajadores que no asistieron a sus puestos de empleo como consecuencia del suicidio del conductor, que los representantes de los trabajadores atribuyeron a las presiones sufridas por parte de la dirección de la empresa.

Según la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, del total de 407 trabajadores que aquella mañana no asistieron a sus puestos, 48 aportaron ante Tussam partes de consulta médica, 200 de ellos esgrimieron documentos médicos de incapacidad temporal, 32 aportaron partes de baja de incapacidad temporal, once de ellos documentos de justificación de ausencia y diez trabajadores no justificaron su ausencia. La directiva de Tussam reclamaba que tal jornada fuera declarada como 'huelga encubierta', atribuyendo la responsabilidad a la Agrupación Sindical de Conductores (ASC) y, de forma subsidiaria, a los cuatro empleados suspendidos de empleo y sueldo durante seis meses como promotores de estas bajas.

El juez Rafael Fernández López advierte en su fallo de que 'en tanto no se acredite la falsedad de los documentos médicos aportados o una actuación contraria a Derecho de los profesionales médicos', estos trabajadores 'cuentan con una causa válida de de justificación', recordando al respecto que la directiva de Tussam no ha impugnado la 'validez y legalidad' de los actos médicos esgrimidos por los trabajadores para defender sus bajas. Razona el juez, además, que el suicidio de un trabajador fue un suceso de "envergadura y gravedad suficiente para fundar el malestar anímico y físico" que se refleja en los documentos médicos.

Igualmente, si bien reconoce el juez que el sindicato distribuyó entre la plantilla documentos con 'palabras subidas de tono', 'imputaciones' contra la directiva y el "consejo" de no trabajar a menos de reunir las 'condiciones' necesarias, se trata de un contenido amparado por la Ley Orgánica de 1985 de Libertad Sindical, por lo que el juez considera probado que 'no existió una actuación colectiva'.

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