El pacto entre la Fiscalía de Málaga y seis ex concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) del Ayuntamiento de Marbella -entre ellos el ex alcalde Julián Muñoz-, con más de 70 causas urbanísticas pendientes, no ha sentado muy bien entre vecinos y políticos del municipio. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, aseguró que les ha salido "muy barato" los delitos que presuntamente han cometido, mientras que el consejero de Turismo, Luciano Alonso, fue rotundo: "Simplemente no me gusta".
La regidora se mostró totalmente contraria a este acuerdo, que va a permitir a la administración de Justicia no celebrar más de 70 juicios a cambio de que los seis ex ediles gilistas cumplan como máximo tres años de cárcel cada uno. Muñoz recordó la "barbaridad" que ha supuesto el expolio que han sufrido las arcas municipales durante más de 15 años de gobiernos del GIL.
El consistorio no piensa renunciar a recuperar "ni un solo euro de todo lo que se ha saqueado" por lo que el equipo de gobierno del PP va a ser "combativo", anunció la alcaldesa. Aclaró que no se trata de que "estemos más o menos contentos porque los concejales de las anteriores corporaciones estén en la cárcel".
Por su parte el consejero de Turismo, Luciano Alonso, fue escueto pero contundente al valorar el pacto: "Simplemente no me gusta". Los vecinos también discutieron el acuerdo. El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Marbella y San Pedro, Alejandro Dogan, dijo que esta decisión "nos hace dudar de la justicia". Indicó que el pacto puede suponer "todo un negocio" para los ex ediles imputados y que los ciudadanos "no entienden porqué se ha llegado a él". Dogan insistió: "No tenemos ningún interés en que nadie vaya a la cárcel, pero sí que queremos que Marbella recupere lo que se le robó".
