El consejero de Empleo, Manuel Recio, rechazó ayer que en las irregularidades denunciadas por la Junta en ayudas concedidas a empresas para la creación y mantenimiento del empleo que investiga la Fiscalía se pueda hablar de "fraude" sino de un efecto de la crisis.
"No lo denominaría fraude, sino perspectiva de actividad por parte de las empresas que finalmente no se da y que obliga a las empresas a empezar a despedir a trabajadores", aseguró. Con todo, reconoció que si esas ayudas no cumplieron su fin y las empresas despidieron a los trabajadores, "se deberán devolver".
El consejero enmarcó la denuncia a la Fiscalía, que también investiga irregularidades en las subvenciones concedidas para el mismo fin con fondos europeos, dentro de su deber de "supervisar" todos los incentivos "y comprobar que cumplen su finalidad", así como exigir si devolución "en el caso de que veamos, tras las inspecciones, que no se cumple ese fin". Además, si ve un ilícito mayor, la Junta está obligada a trasladarlo a la Justicia.
Recio también se refirió a la petición de la Fiscalía del caso ERE, que investiga presuntas irregularidades en expedientes subvencionados en los que se han detectado falsos prejubilados, de que la jueza investigue el papel del actual diputado socialista Ramón Díaz en la tramitación del ERE de Saldauto cuando era asesor del exdirector general de Trabajo, imputado en la causa, Javier Guerrero. El fiscal pide a la jueza Alaya que reclame a Empleo información sobre sus cargos y funciones. Aunque rehusó referirse a este caso concreto, aseguró que la Junta "remitirá toda la documentación que sea solicitada".
El caso ERE llevó a la Junta a paralizar los pagos a todos los prejubilados y los "legales" llevan tiempo movilizándose. Recio anunció soluciones pronto y ayudas excepcionales de mil euros para los afectados por la quiebra de la aseguradora Appra Leven.