Unas 1.500 parcelas ilegales tiene contabilizadas el Ayuntamiento de Arahal, cifra que se eleva hasta 5.000, según los propietarios. Una suerte de pueblo paralelo sobre el que se cierne la amenaza de demolición y para el que pide una solución. Por ello han convocado una manifestación el viernes.
Unos 26 pagos repartidos por todo el término municipal con casitas y chalés ilegales conforman ya urbanizaciones. Santa Ello, San Francisco-La Matilla, Pago Redondo, Los Olivares son sólo algunas de una larga lista cuyo número ni siquiera el Consistorio conoce con exactitud. En La Molinilla cuenta con una parcela -urbanizada sin licencia- Luis González, portavoz de los propietarios, y que se encuentra a la espera de juicio, tras la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente por un delito urbanístico por el que le reclama 9.780 euros de fianza para costear la demolición, nueve meses de cárcel y una multa de 15 euros diarios durante 15 meses, aseveró el inculpado.
Es precisamente la ofensiva emprendida por la Fiscalía en los últimos tiempos la que ha movilizado a los propietarios que, en el caso concreto de Arahal, responden principalmente a dueños de segundas viviendas y procedentes no sólo de la localidad, sino de otras vecinas de la Campiña e incluso de Sevilla capital, aunque reconoce que ya hay gente que tiene allí su domicilio habitual.
Una solución. Ahora, reclaman a la Junta una solución a un problema que comenzó hace 30 años, que es, según González, de cuando datan muchas de estas parcelaciones. Hace unos meses, el Ayuntamiento inició una ronda de reuniones con los afectados y con la Junta para plantear si no su legalización, al menos su regularización, pero la administración autonómica fue tajante. Una postura calificada de "inflexible", por el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Márquez (IU), que aunque reconoce que el gobierno andaluz cumple la normativa "debería haber empezado mucho antes". Por ello, señaló que apoyará la manifestación convocada para el próximo viernes a las 19.30 horas desde el recinto ferial hasta el ayuntamiento.
Asimismo, anunció que convocará un pleno extraordinario para consensuar la postura del Consistorio sobre un problema para el que la solución debe ser "política". "Nosotros hemos estado informando a los vecinos de las consecuencias", explicó Márquez, pero "el enfoque no es el adecuado, se quiere actuar a toro pasado". Así, admitió que "no tenemos medios para controlar todo el término municipal" y aseguró que efectuar demoliciones "no es una de nuestras actuaciones previstas".
