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Recurren al Supremo la limitación de ir a 110 km por hora

Sebastián aclara que la decisión se ha tomado por "precaución".

el 07 mar 2011 / 20:51 h.

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La empresa de gestión de multas Dvuelta y la plataforma Movimiento140 presentaron ayer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto aprobado por el Gobierno por el que se reduce la limitación de velocidad a 110 km/h y piden la "suspensión urgente de la aplicación de la norma".

La medida entró en funcionamiento ayer con la finalidad de ahorrar combustible debido a la crisis política en el norte de África, y no se volverá a ver el límite de velocidad de 120 km/h en autopistas y autovías por lo menos hasta julio.

Según la demanda, el Real Decreto es contrario a la Ley de Tráfico, ya que fija con carácter general un límite de velocidad sin atender a los "únicos criterios" que el Gobierno puede tener en cuenta: la seguridad vial.

Para los demandantes, sería necesaria una modificación de la Ley de Tráfico, con su consiguiente trámite parlamentario, para que el Gobierno pueda modificar los límites de velocidad atendiendo al criterio de ahorro energético.

"El ahorro energético no puede constituir la causa de reducción de los límites de velocidad a tenor de la Ley de Seguridad Vial, puesto que tal particularidad no aparece recogida en ninguno de los artículos que contienen", destacaron

Asimismo, los demandantes señalaron que el Gobierno podría haber invocado, tras los informes de tal situación, el estado de escasez de suministro petrolífero, como expresa la Ley del Sector de Hidrocarburos, para modificar los límites de velocidad, pero recuerdan que el Ejecutivo no ha ejercido esta opción y tampoco ha reconocido que España se encuentre en dicha situación.

Dicha ley especifica que, previamente a una medida como la aprobada, el Gobierno tiene que declarar expresamente que el país se encuentra en situación de "escasez de suministro petrolífero", situación que no se ha producido, por lo que, el Real Decreto "vulnera igualmente" dicha ley.

En respuestas a las críticas, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, quiso pronunciarse al respecto y aclaró que no hay problemas de suministro pero insistió en que el Gobierno actuó de esta manera porque debe ser "precavido" y evitar que más adelante le acusen de "inacción".

Así, Sebastián aclaró que una sola de estas correcciones no contribuye a solucionar el problema pero que uniendo todas "es una gran medida ya que hablamos de una reducción del uso petróleo del 5%".

Del mismo modo que los demandantes, el PP también se mostró contrario a esta decisión y su secretaria general, María Dolores de Cospedal, aseguró que la medida tiene un "afán recaudatorio".

Cospedal criticó que este Real Decreto es una "excus"a del Ejecutivo para recaudar dinero por su falta de liquidez "para cumplir con unos objetivos de déficit que no le están resultando muy fáciles". Respondiendo a esta acusación, Sebastián señaló que es "absurdo" ese argumento, ya que Hacienda ingresará menos porque al reducir el consumo recaudará menos impuestos.

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