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Recurren la condena de 30 meses a un hombre para el que pedían 60 años por violar a su esposa

El hombre estaba acusado de amenazar, agredir y violar "por estar  obligada a los ojos de Dios" a su esposa

el 15 jul 2010 / 10:26 h.

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La mujer que acusó a su marido de haberla maltratado a ella y a  sus hijos y de haberla violado "por estar obligada a los ojos de  Dios", identificada como M.S.R., interpondrá un recurso de casación  contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condena  al acusado, J.F.V., a dos años y seis meses de prisión y al pago de  una indemnización de 6.000 euros, una pena inferior a la que  solicitaba el Ministerio Público, que alcanzaba los 53 años y seis  meses de cárcel, mientras que la acusación particular pedía hasta 60  años. 

Así lo confirmó en declaraciones a Europa Press la abogada de la  presunta víctima, Amparo Díaz Ramos, quien consideró que "hay  motivos" para condenar al acusado "por un delito de agresiones  sexuales o de abusos sexuales continuados", razones por las que este  jueves presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo  (TS).  

De su lado, el abogado del acusado, José Luis Pascual del Pobil,  anunció en declaraciones a Europa Press que también recurrirá en  casación al Tribunal Supremo para pedir la absolución de su  representado, que fue condenado a 30 meses de cárcel por los delitos  de maltrato habitual y maltrato ocasional, aunque fue absuelto de un  delito de maltrato habitual contra los hijos, de tres delitos de  maltrato ocasional, de cuatro delitos de agresiones sexuales, de dos  de abusos sexuales y de un último delito de coacciones.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la  Sección Cuarta de la Audiencia Provincial se refiere a los posibles  delitos contra la libertad sexual argumentando que "es posible" que  la víctima "haya reinterpretado con el paso del tiempo lo que en su  momento, constante el matrimonio, consideraba como relaciones  insatisfactorias no deseadas, aceptadas como consecuencia de lo que  ella entendía como obediencia matrimonial o simplemente para evitar  problemas".  

Al hilo de ello, la Audiencia entiende que "eso no puede llevarla  a confundirlo con agresiones o abusos sexuales forzados en el sentido  penal, porque siendo compleja la diferenciación, no es lo mismo no  apetecer y, pese a ello, aceptar con desgana por su idea de la  relación personal, que ser forzada mediante la fuerza física o la  intimidación, o que se mantengan relaciones sexuales contra la  inequívoca voluntad de quien se somete a ello".  

La Sala considera probado que en el año 1994 el procesado y la  víctima se conocieron, comenzando posteriormente una relación  sentimental. Así, el 27 de marzo de 1999, y estando ambos en una  boda, el acusado, "muy alterado", la sacó al exterior y la obligó a  entrar en el coche, "donde inesperadamente le lanzó un cuaderno a la  cara que le alcanzó el ojo izquierdo".  

"Muy enamorada" del procesado. Tras añadir que, desde ese momento, la víctima "descubrió el  carácter violento del procesado y comprendió que para evitar  problemas debía hacer siempre lo que él quería", indica que, "pese a  la violenta experiencia sufrida, decidió contraer matrimonio" en 2000  con el condenado "porque estaba muy enamorada", teniendo cuatro hijos  en común.  

Añade la sentencia que "el amor y la admiración" que la víctima  sentía por el procesado "fue deteriorándose por la actitud que éste  mantenía de dominio y exhaustivo control hacia ella, y excesivamente  autoritaria e inflexible hacia los hijos, degenerando primero en  actos de violencia verbal, con continuas manifestaciones de  menosprecio hacia su familia, compañeros de trabajo y su persona".  

De igual modo, precisa que, un día de octubre de 2005, y tras una  discusión en el domicilio familiar en presencia de los hijos, el  procesado "montó en cólera y, tras romper los cristales de la puerta  del salón, le dio un puñetazo a su mujer en el brazo", mientras que  el 27 de noviembre de 2005, y tras una nueva discusión, la víctima  decidió telefonear pidiendo ayuda a su padre, quien se personó en la  casa y se llevó a su hija aunque no a sus hijos "para evitar males  mayores vista la actitud del procesado".  

La Sala entiende que las agresiones y abusos sexuales no están  probados ya que, "salvo el testimonio de la víctima, no se ha  practicado ninguna otra prueba que los corrobore", añadiendo que,  "aunque los psicólogos calificaron el testimonio de la víctima como  creíble, ello no puede supone que automáticamente se consideren  acreditados los hechos denunciados".  

La denuncia, "especialmente grave". La Audiencia entiende que, "siendo los hechos denunciados  especialmente graves, no parece razonable que no los narrara ni en la  denuncia inicial de 2005 ni en la posterior declaración que prestó  ante el juez instructor de guardia de incidencias, en la que no hace  la menor referencia a ninguno de los numerosísimos incidentes de  naturaleza sexual por los que ahora se acusa, sin que pueda defender  su desconocimiento sobre la trascendencia de los mismos, porque si ya  es difícil de creer tratándose de una persona con formación  universitaria, compareció asistida de letrado".

"Resulta más que extraño que la primera noticia que se tuviera de  esos hechos fuese a través de la ampliación de la denuncia presentada  justamente cuando denunciante y procesado se hallaban enfrentados por  la custodia de los hijos menores", según prosigue la Sala, quien, por  todo ello, condena al encartado a 30 meses de prisión y al pago de  una indemnización a la víctima de 6.000 euros.  

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