Afortunadamente, hay vida más allá de las elecciones. Estaremos, aún, unos días ocupándonos y preocupándonos de los resultados electorales. También, de quiénes formarán el nuevo gobierno. Hacia dónde orientarán sus actuaciones. Los días de las promesas habrán concluido. Pues según parece, éstas constituyen el ingrediente básico de cualquier contienda electoral. Y, además, con ellas languidecen los compromisos. Llega el momento, entonces, de cumplir con lo prometido. Aunque, demasiadas cosas quedaron en el tintero. Ciertamente, las elecciones no son un escenario propicio para la reflexión. Y, sin embargo, nos jugamos mucho en ellas. Por ello, el derecho al voto libremente ejercido es básico, fundamental, y conviene no olvidarlo. No hacer uso de él se traduce, en ocasiones, en resultados indeseados, con enorme repercusión para la gente, especialmente para los más débiles. Pero pese a su importancia, la votación no pone fin al ejercicio democrático. La responsabilidad pública no puede sustentarse en una batería de promesas. Más que palabras exige compromiso, obligaciones contraídas y sabiduría. La salud de una sociedad democrática no puede basarse únicamente en un acontecimiento que tiene lugar una vez cada cuatro años. Ha de cultivarse día tras día. Requiere del concurso activo de la población, particularmente de la sociedad civil, en su quehacer individual y colectivo. De una ciudadanía crítica, reflexiva, exigente, comprometida. Y el Estado debe asegurar este ejercicio.
La existencia de un Estado garante de derechos, sin embargo, es vulnerable. Esto hace que aquéllos de escasas convicciones democráticas tengan siempre la tentación de aprovechar, sin ningún pudor, los mecanismos democráticos con intereses y fines espurios. Éste es uno de los riesgos de los sistemas democráticos y ser conscientes de ello es muy importante. Justo antes de concluir el proceso electoral hemos presenciado otra declaración lamentable, no sé cuántas van ya, he perdido la cuenta. Una formulación que viene precedida por una sentencia de última hora. La Comunidad de Madrid, por boca de su consejera de Educación, garantiza el incumplimiento de la Ley. Establece su propio feudo o reino de taifas, y llama a la desobediencia civil. Puede que encontrasen un atajo para conseguir su objetivo. Para algunos, todo vale. ¡Hay que darse prisa, la llamada a las urnas se acerca! Pero lo verdaderamente terrible, es que su patético comportamiento no sólo les afectará a ellos. Con su irresponsable e insensata conducta, habrán dañado gravemente los pilares de la convivencia, de la justicia. Ésta ha sido la actuación de ciertos personajes públicos, del ámbito funcionarial o político, en los últimos años. Han seguido la lógica del cuanto peor mejor. De la confusión y el barullo. De la despolitización como mejor garantía para el envilecimiento, para ir diseñando una sociedad basada en el vasallaje. Llegados a este punto, habría que concluir -como sentenció el empirista Bacon- que el que no aplique remedio, deberá esperar nuevos males.
