Seguramente lo más accesorio de la huelga que protagonizaron ayer los jueces españoles sea el grado de seguimiento de la convocatoria, cifrado por el Poder Judicial en un 35% y por las asociaciones convocantes en un 62%. Más allá de unos números que inciden en el apoyo más o menos esperado al paro, lo importante es el hecho en sí: por primera vez en la historia de la democracia española, representantes de un poder del Estado se olvidan de su condición y adoptan posturas de fuerza que no les corresponden en su calidad de depositarios de unos de los tres poderes que soportan el sistema político español. Ya se han analizado con profusión las razones esgrimidas por los jueces para dejar sus togas en las perchas y las del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Gobierno para oponerse a esta medida de presión. Lo que hay que hacer ahora es mirar al futuro y sentar las bases que eviten otra convocatoria similar para junio. La consumación de la amenaza de huelga concluye sin vencedores ni vencidos. Es cierto que un número bien considerable de jueces no acudió ayer a su puesto de trabajo, pero del mismo modo, los togados que dejaron sus plazas deberían de hacer un cálculo del deterioro de su imagen ante la opinión pública. Si se descuentan las demandas salariales esgrimidas en plena efervescencia de una de las peores crisis económica que se recuerdan, el resto de reivindicaciones de su tabla laboral son perfectamente negociables sin necesidad de una huelga tan gravosa para la credibilidad de la Judicatura y de ellos mismos. Tienen razones para expresar su queja de un modo contundente, pero en sus órganos pertinentes, no de cara a un ciudadano atónito ante lo que ve. En cuanto al Gobierno, hace bien en mantener su firmeza, pero también debería aplicarse en las tareas de negociación para demostrar que mantiene las riendas de la Justicia en manos de quien lo debe detentar: los representantes de los ciudadanos.
